Otros países, como Italia, Francia, Bélgica y Países Bajos han impuesto tasas sobre determinados activos. Sin embargo, su presión fiscal sobre los patrimonios altos es muy inferior a la de España. El tributo afecta en España a cerca de 200.000 contribuyentes, pendientes además de la decisión del Tribunal Constitucional sobre su futuro.«España es, con diferencia, también el país con el mayor gravamen sobre el patrimonio.
El tributo, según explica, la economista Cristina Enache, de la Tax Foundation, «genera doble o triple imposición, desincentiva el ahorro y la inversión y puede llevar a tipos efectivos superiores al 100 % en algunos casos». Su mantenimiento, además, actúa como un desincentivo a la inversión y al ahorro a largo plazo.
También contribuye a agravar las diferencias fiscales entre comunidades autónomas: Navarra, por ejemplo, grava la riqueza con hasta un 3,5 %; mientras que Extremadura, que antaño tenía la tasa más alta del país, ha optado recientemente por bonificar el tributo al 100 %, disparando su competitividad fiscal.
Por el contrario, impacta negativamente en la competitividad tributaria de las regiones que han optado por mantenerlo. Según la última actualización del Índice de Competitividad Fiscal, Madrid es la comunidad con una fiscalidad más atractiva, seguida por las diputaciones forales vascas, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa.Por el contrario, Cataluña se sitúa como la región con peor situación fiscal, penalizada por una elevada carga tributaria en Renta, Patrimonio y Sucesiones. Algo que también afecta a Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla – La Mancha.
La consecuencia de la anomalía de mantener un tributo sobre el Patrimonio es la fuga de contribuyentes de altos ingresos a países del entorno. «La fuga de patrimonios hacia países como Portugal, Andorra o Luxemburgo es una realidad», afirma Enache, que incide también en que «la coexistencia del impuesto sobre el patrimonio con el nuevo Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas ha incrementado la presión fiscal sobre los altos patrimonios, lo que ha intensificado el debate sobre su constitucionalidad y eficiencia».
