El magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente, instructor del ‘caso PSOE’, ha dado por concluida la instrucción de la pieza judicial en la que se estaba investigando el presunto sobrecoste del material sanitario, adquirido por el Gobierno en pandemia, a través del Ministerio de Transportes del que, por aquel entonces, era titular el socialista José Luis Ábalos.
El juez Puente ha dictado hoy un auto de procedimiento abreviado contra el propio Ábalos, su exasesor del anterior Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama, uno de los principales comisionistas de la red de corrupción que salpica al Ejecutivo, en la pieza inicial en la que se han investigado, entre otros asuntos, los contratos irregulares de mascarillas durante el COVID, hechos provisionalmente calificados como cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
En su auto, el instructor da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la representación de las acusaciones populares para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias a las que ya se hayan venido llevando a cabo durante los últimos meses, fruto de las cuales los tres acusados se sentarán, formalmente, en el banquillo de los acusados, en el Supremo, gracias a la condición de aforado de Ábalos que, junto con él, arrastra al resto de los supuestos implicados.
Remarca el juez que, «poco tiempo después de tomar posesión como ministro, el Sr. Ábalos Meco, el también investigado en esta causa, don Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, mayor de edad y sin antecedentes penales, vino a conocer -a través de su hermano don Rubén, quien prestaba servicios, ya con anterioridad al nombramiento del Sr. Ábalos, como escolta del ministro de Transportes- a don Koldo García Izaguirre, entablando con éste una frecuente relación. Posteriormente, conoció también a don José Luis Ábalos Meco».
«El ministro, a través de su asesor», añade al magistrado en su resolución. «encomendaban al Sr. de Aldama diversas gestiones de mayor o menor entidad. Entre éstas, en el mes de febrero de 2019, don Víctor Gonzalo de Aldama acompañó al ministro y a su asesor a un viaje a Méjico, en el curso del cual, y por intermediación del Sr. de Aldama, se organizó una visita del ministro al Senado de aquel país. En el desarrollo de las mencionadas relaciones personales, pronto vieron los investigados la oportunidad de obtener un beneficio económico de aquéllas».
«De esta manera, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba el Sr. Ábalos en el Gobierno de España, podrían favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública, en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería el Sr. de Aldama Delgado, así como facilitar a éste el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas», concluye el instructor del caso.
Así las cosas, «con el propósito de garantizar al Sr. Ábalos Meco el pago de las comisiones ilícitas que pudieran derivarse de las gestiones realizadas en favor de los intereses personales del Sr. de Aldama y de las entidades que éste promovía», el día 24 de abril de 2019, «se concertó un contrato de arrendamiento con opción de compra de un piso propiedad de Don Víctor Gonzalo de Aldama, sito en el Paseo de la Castellana nª 164, en favor de don José Luis Ábalos Meco, fijándose una renta anual de 30.000 euros que nunca llegó a abonarse por el Sr. Ábalos, quien tampoco ocupó en ningún momento el mencionado inmueble, estableciéndose como precio de adquisición 750.000 euros».
«En el desarrollo del mencionado convenio entre los tres investigados, el Sr. de Aldama Delgado comenzó también, al menos desde el mes de octubre del año 2019, a abonar en metálico al Sr. García Izaguirre la cantidad mensual de 10.000 euros, pagos que se habrían prolongado, al menos, hasta el año 2021. Dichos pagos mensuales se efectuaban personalmente por el Sr. de Aldama Delgado al Sr. García Izaguirre, en algunas ocasiones en presencia del Sr. Ábalos Meco, repartiendo después su importe entre ellos estos dos últimos», y articulando, de esta forma, la operativa prevista en el marco de la trama de las mascarillas.
