El debate de esta propuesta legislativa coincidirá con la reactivación de la norma para regular los alquileres de temporada y de habitaciones impulsada por Sumar y el resto de socios de izquierda, incluido ERC. Esta otra norma se examinará en la ponencia de la Comisión de Vivienda. La propuesta que Esquerra elevará al Pleno plantea un impuesto sobre la acumulación de bienes inmobiliarios de uso residencial, aplicable a partir de la tercera residencia y que se incrementa en línea con el número de viviendas.
El grupo que capitanea Rufián quiere un impuesto que sea complementario al IVA para «penalizar la concentración especulativa de vivienda y fomentar la movilización hacia la tenencia en propiedad de la misma residencia y hacia el alquiler por vivienda habitual y social».
De este modo, el impuesto progresa del 4% al 8% y luego al 12%, entre la tercera y la quinta vivienda, respectivamente. A partir del quinto inmueble, al 12% se sumaría un 5% adicional por cada nueva unidad para ayudar a «evitar la concentración de propiedades en manos de grandes tenedores».
La formación independentista, uno de los socios habituales del Gobierno, también propone con su ley eliminar los beneficios fiscales que disfrutan actualmente las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi), pues consideran que en la actualidad operan con un régimen «prácticamente exento» de impuestos y actúan como catalizadores de la financiación de la vivienda.
En materia de IVA, ERC propone aplicar de manera «inmediata» un tipo impositivo del 21% a las viviendas de uso turístico, algo que el PSOE también ha propuesto en el Congreso vía proposición de ley. El objetivo de esta medida, dice ERC, es hacer más justo el gravamen aplicable a estos alojamientos, que hasta ahora no reflejaba adecuadamente el valor de los servicios que ofrecen.
Por otro lado, ERC también plantea en su ley aumentar el tipo mínimo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas que no constituyan residencia habitual y propiedad de grandes tenedores. La idea de esta medida es que los ayuntamientos puedan penalizar usos como el alquiler turístico y priorizar un uso «residencial, estable y sostenible».
La portavoz de Vivienda de ERC en el Congreso, Estrems, ha defendido esta batería de medidas ante la acción de los «sucesivos gobiernos españoles» que, a su juicio, han priorizado el fomento del mercado privado y han promovido un régimen fiscal favorecedor para los grandes tenedores y los usos turísticos de la vivienda. «La vivienda no puede continuar siendo tratada como una mercancía o un activo financiero: es un derecho que hay que garantizar», ha zanjado.
