Varios miembros del Gobierno y del Congreso han cuestionado la validez de sus estimaciones, acusando a la oficina de proporcionar proyecciones inexactas o excesivamente conservadoras. Más allá de la polémica, el papel de la CBO es crucial en el proceso presupuestario federal. Creada en 1974 con la ley del Congressional Budget and Impoundment Control Act, su tarea es proporcionar análisis independientes y no partidistas al Congreso, devolviendo al poder legislativo la plena capacidad de control sobre el gasto público. Anteriormente, de hecho, la gestión del presupuesto era prerrogativa del ejecutivo: el presidente elaboraba y aplicaba las propuestas de gasto a través de la Oficina del Presupuesto, Bureau of the Budget, posteriormente renombrada Office of Management and Budget (Oficina de Gestión y Presupuesto), mientras que el Congreso carecía de las herramientas técnicas y de información necesarias para elaborar previsiones autónomas o para garantizar que las leyes de gasto se aplicaran efectivamente. Con la creación de la CBO y el establecimiento de comisiones presupuestarias permanentes en la Cámara de Representantes y el Senado, la reforma de 1974 tenía por objeto dotar al Congreso de un organismo técnico capaz de producir análisis presupuestarios imparciales y actuar como nuevo punto de referencia para todo el proceso de gasto federal.
Desde entonces, la CBO desempeña un papel clave en el sistema presupuestario de los Estados Unidos, elaborando proyecciones y evaluaciones que acompañan cada fase del proceso legislativo y financiero, desde las previsiones básicas hasta las estimaciones de costes de las nuevas propuestas de ley. Cada año, la oficina publica análisis y perspectivas presupuestarias con un horizonte de diez años, basados en la hipótesis de la continuación de la normativa vigente, y elabora entre 600 y 800 estimaciones de costes para los proyectos de ley examinados por el Congreso. Además, la entidad colabora con las comisiones parlamentarias en la supervisión de unas 1200 cuentas de gasto federal, garantizando que las normas aprobadas respeten los límites y objetivos fijados por las resoluciones presupuestarias.
De este modo, la CBO actúa como una auténtica brújula para el Congreso, proporcionando los parámetros en los que se basan las decisiones de gasto y garantizando que el proceso legislativo respete las restricciones presupuestarias establecidas. Sus verificaciones técnicas son la base de importantes reformas fiscales, como los recortes de impuestos de 2001 y 2017 o la Ley de Rescate Estadounidense de 2021, que no podrían haberse aprobado sin su contribución metodológica.
La autoridad de la CBO también se deriva de su estructura de gobernanza independiente: el director es nombrado conjuntamente por la Cámara de Representantes y el Senado para un mandato de cuatro años, independiente del poder ejecutivo, y, a lo largo del tiempo, la institución ha demostrado su imparcialidad criticando a gobiernos de ambos bandos políticos. El actual director, Philip Swagel, fue nombrado bajo la administración Trump y confirmado bajo la de Biden, lo que demuestra una continuidad institucional que trasciende los cambios de gobierno.
Aunque las previsiones de la CBO no siempre son perfectas —con un error medio estimado del 1,1 % del PIB—, siguen siendo la referencia más sólida y transparente de la que dispone el Congreso. Las discrepancias suelen deberse a factores imprevistos, como guerras, recesiones o crisis políticas, que ningún modelo económico es capaz de anticipar. Además, en comparación con la OMB, los análisis de la CBO tienden a ser más prudentes y realistas, ya que no están condicionados por la necesidad de apoyar la línea política de la administración en el poder.
Más de cincuenta años después de la Ley de Presupuestos de 1974, los retos siguen siendo considerables: hoy en día, el aumento del déficit federal es en gran medida estructural, alimentado por el envejecimiento demográfico y los crecientes costes de la sanidad, la seguridad social y los intereses de la deuda. La tarea de la CBO no es resolver estos desequilibrios, sino proporcionar a los responsables políticos datos objetivos que les orienten hacia políticas más sostenibles.
En conclusión, la CBO sigue siendo un pilar fundamental de la gobernanza económica estadounidense: un árbitro técnico e independiente, a menudo criticado, pero indispensable para garantizar la transparencia, el rigor metodológico y la responsabilidad en el proceso presupuestario. Como recordaba uno de sus antiguos directores, «un análisis neutral y basado en hechos no puede sustituir a la voluntad política, pero sin duda puede orientarla hacia mejores decisiones».
