Junto a él están investigados por presuntos delitos de contrabando y participación por complicidad en delito de lesa humanidad o genocidio el director corporativo, Marco Pineda; y el director comercial, Íñigo Molero. El proceso judicial se inició por una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, que denuncia la venta de más de 1.200 toneladas a la empresa de armamento israelí Israel Military Industries (IMI).
El instructor da por hecho que Sidenor, al dedicarse a la fabricación de aceros especiales y contar con la certificación de calidad para la producción de material de defensa, «posee un conocimiento especializado del sector, por lo que resultaría iluso pensar que pudiera estar enviando acero a una empresa armamentística israelí sin conocer la necesidad de obtener una autorización previa».
Este miércoles, los tres ejecutivos han respondido solo a las preguntas de sus abogados, y han alegado que los envíos a IMI fueron de acero sin alear, para el que no se exigía autorización especial. Según Sidenor, ninguno de los aceros vendidos a Israel se correspondería con los tipos sometidos a un control especial en la regulación (real decreto 679/2014 que regula la venta de armamento y materiales susceptibles de doble uso; y reglamento europeo 821/2021).
Así lo acredita, según la empresa, un informe del pasado septiembre elaborado por el Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente del Ministerio de Interior, después de que Sidenor decidiera retener en el Puerto de Barcelona un envío previsto hacia Israel. En esa fecha ya se habrían iniciado las pesquisas en la Audiencia Nacional.
El grupo vizcaíno ha encargado un informe pericial sobre la trazabilidad de los pedidos enviados a IMI, que entregará en los próximos días al juez y que demostraría que el acero enviado a Israel no figura en el catálogo de productos sometidos a control especial. Tras las declaraciones, el abogado de la acusación David Aranda ha destacado que, pese a las explicaciones de los investigados, el acero vendido por Sidenor se destinaba a una compañía que fabrica de forma exclusiva tecnología militar. Aunque el acero se exportara sin alear podría alearse en destino, y por ello la normativa europea exige autorización especial, ha explicado.
Desde el Gobierno vasco, el consejero de Industria Mikel Jauregi ha dado por buenas las explicaciones de Jainaga ante el juez, «que permiten completar y clarificar algunas informaciones aparecidas». Además, Jauregi ha querido separar el proceso judicial que implica a los responsables de Sidenor de la toma de control de Talgo. «Son dos cosas distintas, y desde el Gobierno vasco seguimos totalmente implicados en finalizar la operación Talgo».
