Según ha afirmado su consejera de Sanidad, Fátima Matute, el Ejecutivo regional dejará en manos de los tribunales la decisión de acatar o no la Ley. «Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario», ha recalcado.
Lo advirtió el pasado mes de octubre la propia Ayuso durante una sesión de control al Gobierno regional. En la Comunidad de Madrid «no se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo». Con todo, finalizó de este modo con contundencia sus argumentos: «¿Les parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar».
El pasado mes de octubre el Gobierno central remitía por carta a las comunidades autónomas la obligación de garantizar el derecho al aborto de las mujeres en la Sanidad pública. Eran precisamente la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Aragón y el de las Islas Baleares, los únicos que no contaban con este registro. Tampoco el Gobierno de Asturias, dirigido por el PSOE.
El Gobierno de Ayuso ha ignorado así el requerimiento formal enviado por el Ministerio de Sanidad de Mónica García -que también se entregó a Aragón y Baleares-, por lo que el Gobierno de Sánchez podrá iniciar una causa en el Contencioso-Administrativo por no aplicar la medida.
Este viernes, de hecho, finalizaba el plazo de un mes que el Gobierno central había ofrecido a estas autonomías para que pudieran acogerse al cumplimiento de la Ley. A partir de este momento, Sanidad tendrá hasta un plazo de dos meses para poder querellarse, en este caso, contra la Comunidad de Madrid por no acatar su dictamen.
«Creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente», ha señalado Matute. La consejera ha subrayado que «no se va a señalar ni a perseguir a quienes abortan o a los que no abortan, ni tampoco a los que practican aborto o no practican aborto». El Ejecutivo madrileño argumenta que la norma incumple «la Constitución, ley de leyes», en alusión al derecho de la libertad de conciencia y el derecho a no declarar sobre las creencias propias, que según el Gobierno de Ayuso se ven vulnerados por la norma de 2023.
Según ha destacado Matute, en caso de verse obligados a crear el registro de médicos objetores, irán con todas las de la Ley por delante. «Con la Constitución en la mano, actuaremos para defender la libertad de conciencia y cualquier otro artículo fundamental», ha detallado.
