Así las cosas, los ‘populares’, han instado al Constitucional para que se posicione. Buscan que la Corte de Garantías declare, oficialmente, que el Gobierno «ha vulnerado la atribución constitucional» del Senado para participar de la aprobación de los PGE, así como para modificarlos y para controlar la acción del Gobierno por «no presentar este proyecto de ley y por el abuso que se está haciendo de la prórroga presupuestaria». Pero, también, se trata de que el TC declare la inconstitucionalidad y nulidad de las prórrogas de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, producidas el 1 de enero de 2024, 2025 y, en su caso, del 2026.
Cabe recordar que el Pleno del Senado ya aprobó, hace dos meses, el procedimiento previsto para este tipo de discrepancias y que la Cámara Alta lo adoptó como suyo, con el objetivo de remitirlo al Gobierno para que se pronunciase al respecto. Sin embargo, transcurrido un mes para que se diese una respuesta oficial, el Ejecutivo ha preferido guardar silencio y dar el proceso por sustanciado, con lo que ello conlleva. Sin que, hasta la fecha, Pedro Sánchez y los suyos hayan cumplido con sus promesas sobre los PGE. Un escenario que para el PP, tal y como se refleja en el escrito registrado ante el TC, el Senado «no debe admitir ni tolerar» por más tiempo, insistiendo en que es la Constitución la que impone al Gobierno, «un deber constitucional de presupuestar» que no puede eludirse de manera constante.
«La situación actual, que se va a reproducir en 2026, de mantener prorrogados unos Presupuestos de 2023, es solo comparable a la situación que se produjo en 2020, cuando se mantuvieron prorrogados los Presupuestos de 2018, ya que el Gobierno, por la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, decidió no presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de aquel año», ha denunciado el PP ante la Corte que preside Cándido Conde-Pumpido.
