El auto, dictado en el marco de las diligencias del Juzgado Central de Instrucción número 4, avala la negativa del operador del sistema a facilitar las 8.028 grabaciones telefónicas y los 1.296 correos electrónicos intercambiados por sus directivos y técnicos antes y después del colapso eléctrico que dejó sin suministro a la Península. La decisión judicial asume los argumentos esgrimidos por la compañía presidida por Corredor, que había invocado la necesidad de proteger la seguridad nacional, el secreto empresarial y la intimidad de las comunicaciones, aunque contrasta con la encendida defensa de su presidenta sobre la trasparencia del operador y el acceso otorgado a los investigadores para aclarar las causas del apagón.
El material, entregado en su momento a la Policía Nacional dentro de la investigación abierta por el juez Calama para esclarecer si el apagón pudo responder a un ataque deliberado, queda así fuera del acceso de las partes pese a haber sido citado en informes incorporados al sumario. La resolución respalda que dichos archivos fueron aportados en un contexto específico –la investigación de un posible delito de terrorismo finalmente descartado– y que, una vez archivada esa línea, su difusión no resulta necesaria ni proporcional.
De esta manera, la Audiencia Nacional ha avalado la posición de Redeia y rechaza que las eléctricas puedan acceder a unos documentos que, a juicio del tribunal, han perdido conexión directa con el objeto del procedimiento. Por otra parte, el juez evita la difusión de información que podría ser aclaratoria en un asunto que por el momento sigue sin provocar dimisiones.
