Así lo desvela el XVI Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’, presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español (EAPN-ES) a partir de los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida y según el cual, en general, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (Arope) se situó en España en 2025 en el 25,7%, una décima más que en 2024, con 12,6 millones de personas en esta situación. La tasa Arope no ha bajado del 25% en más de una década y la “estabilidad” del indicador se explica por la evolución también “estable” de sus tres componentes, como son la tasa de pobreza (19,5%), la carencia material y social severa (8,1%) y la baja intensidad en el empleo (8%), tal y como precisó la red en un comunicado.
La tasa de pobreza se sitúa en el valor más bajo de la serie histórica, pero todavía afecta a 9,6 millones de personas que viven con ingresos por debajo del umbral de pobreza. Por su parte, la carencia material y social severa se mantiene “prácticamente estable” en el 8,1%, con cerca de cuatro millones de personas que no pueden permitirse al menos siete de los trece bienes, servicios o actividades básicas que mide este indicador. España continúa, además, “lejos” de los objetivos comprometidos en la Agenda 2030, dado que la tasa Arope debería haberse reducido hasta el 19,1% en 2025. Esto implica que alrededor de 3,2 millones de personas más tendrían que haber salido de la pobreza o la exclusión social para que el país “estuviera en la senda prevista”, según la red.
La pobreza severa afecta al 8% de la población, 0,4 puntos menos que el año anterior, si bien hasta 3,9 millones de personas viven en esta situación, con ingresos inferiores a 680 euros al mes.
Por lo que respecta a la vivienda, en 2025, el 43,6% de las personas que vivían de alquiler a precio de mercado estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 19,5% de quienes vivían en un inmueble en propiedad. La tasa de pobreza entre quienes alquilan a precio de mercado alcanza el 32,6 %, más del doble que entre quienes tienen vivienda en propiedad, donde se sitúa en el 14,5%. A su vez, el 10% más rico concentra más de la mitad de la riqueza, mientras que la mitad de los hogares con menos riqueza apenas dispone de una pequeña parte del total. Además, España cuenta con un parque de vivienda social de apenas el 3,3 %, “muy por debajo” del 9% de media europea, lo que “deja a los hogares con menos recursos atrapados en un mercado privado cada vez más inaccesible”, según la red.
El estudio también confirma que, de media, las personas en situación de pobreza destinan el 34,2% de sus ingresos a gastos relacionados con la vivienda, porcentaje que supera el 50% entre quienes viven de alquiler a precio de mercado. Asimismo, la mitad de las personas en pobreza severa soportan una sobrecarga económica en vivienda, al destinar más del 40% de sus ingresos a este gasto.
Por lo que respecta a la pobreza energética, el 15,9% de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno y el 41,5% de personas en pobreza necesitan acometer mejoras en el aislamiento térmico o en el sistema de calefacción y no las han realizado.
El 7,1% de la población de 16 años o más ha vivido alguna situación de sinhogarismo a lo largo de su vida, lo que equivale a 2,9 millones de personas. Uno de cada tres niños, niñas y adolescentes, el 33,8 %, está en riesgo de pobreza o exclusión social, cerca de 2,7 millones; la tasa de pobreza infantil alcanza el 28,4% y la pobreza severa afecta al 12,5%, frente al 8% del conjunto de la población.
Los hogares con hijos, hijas y adolescentes presentan mayores niveles de vulnerabilidad, con una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del 29,9% y, en los hogares monoparentales, una de cada dos personas está en riesgo de pobreza o exclusión social, más de cuatro de cada diez están en pobreza y el 22,3% vive en pobreza severa. La población migrante, especialmente la extracomunitaria, también presenta niveles muy elevados de pobreza y exclusión, dado que el 53,5 % está en riesgo de pobreza o exclusión social. Además, las personas con discapacidad siguen “en clara desventaja”, según la red, puesto que el 32,2% está en Arope, el 21,5% en pobreza y el 13,5% en carencia material y social severa.
El informe pone de manifiesto que, durante el pasado ejercicio, el conjunto de prestaciones y transferencias públicas evitó que cerca de 11 millones de personas cayeran en situación de pobreza, de las cuales 8,1 millones se beneficiaron de las pensiones de jubilación y supervivencia y otros 2,9 millones gracias al resto de prestaciones sociales. No obstante, el informe también advierte de que el Estado de bienestar español “presenta importantes márgenes de mejora”. “Aunque cada vez más personas acceden a prestaciones de garantía de rentas, la comparación europea muestra los límites del modelo español de protección social”, abunda.“Antes de aplicar transferencias, España parte de niveles de pobreza similares a los de Francia o Irlanda; sin embargo, después de la intervención pública, Irlanda reduce la pobreza hasta el 13%, Francia hasta el 16,3% y España solo hasta el 19,5%”, según el documento.
Esta “menor eficacia” es “especialmente preocupante”, a juicio de la red, en el caso de la infancia, teniendo en cuenta que España sigue siendo el país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil. Tras exigir que la Estrategia Europea contra la Pobreza “se traduzca en financiación suficiente, compromisos concretos y políticas más ambiciosas”, EAPN-ES señaló los “riesgos de no consolidar medidas heredadas del escudo social”, como la protección frente a desahucios, las garantías frente a la pobreza energética, los descuentos del bono social eléctrico o la contención de los precios del alquiler.
Por último, también alertó de la cobertura “insuficiente” de las ayudas a familias y vivienda y de la reducción, en algunos territorios, de las rentas mínimas autonómicas tras la implantación del IMV. Por ello, pide una garantía de rentas para “todo el ciclo vital”, así como “mejoras” en el IMV y su coordinación con las rentas autonómicas y una protección universal a la infancia.
