El juez de instrucción fija la audiencia para decidir si la envía a juicio por cuatro delitos, corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida, y recalca la obligación de acudir de los tres investigados: Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
En el auto, Peinado reitera que los tres deberán comparecer personalmente asistidos por sus letrados y lanza el aviso «expreso» que de lo contrario serán «conducidos por la fuerza pública». El magistrado Peinado también avisó al fijar la primera fecha que, si no acudían, podría adoptar medidas cautelares sobre ellos para evitar «el riesgo de tratar de eludir la acción de la justicia».
El juez planteó juzgar con jurado popular a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. A la audiencia preliminar también están convocadas –además de los acusados y sus defensas– la Fiscalía, las acusaciones populares personadas, lideradas por Hazte Oír, y la Universidad Complutense de Madrid como acusación particular.
El pasado 1 de junio el letrado de Gómez y exministro del PSOE, Camacho, cuestionó que el magistrado Peinado haya puesto «una velocidad de crucero» en la causa «absolutamente incompatible con las garantías de un proceso penal», como «si tuviera excesiva prisa» en acabarlo. Camacho denunció la vulneración del derecho de defensa al recurrir el auto en el que el juez convoca a Begoña Gómez y los otros dos investigados el 9 de junio a una audiencia preliminar para decidir si abre juicio oral contra ellos.
