Además, se expone un «ligero aumento» del número de niños en riesgo de pobreza o exclusión social en los últimos cinco años del Ejecutivo socialista. La Comisión Europea, encabezada por Von der Leyen, se ha expresado a través de una respuesta parlamentaria firmada por la rumana Roxana Mînzatu, vicepresidenta ejecutiva para los Derechos Sociales y las Capacidades, el Empleo de Calidad y la Preparación de la Unión. La dirigente comunitaria señala que «España presentó en 2022 su Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea, y su informe de ejecución, en 2024».
«Aunque se han registrado avances, por ejemplo, en la calidad de la educación, persisten deficiencias en el acceso a servicios como la educación infantil y atención a la infancia, las comidas en los comedores escolares y la vivienda», expone la representante de la Comisión.
Por ello, subraya que «es fundamental luchar contra estas deficiencias». Sobre todo porque, como detalla Mînzatu, «el número de niños en riesgo de pobreza o exclusión social» aumentó «ligeramente desde 2019 hasta alcanzar los 2.756.000 menores en 2024». Este incremento «se alejó del objetivo nacional de reducción de la pobreza infantil», recuerda. En su lugar, la institución presidida por Von der Leyen pone como ejemplo a países como Malta y Portugal, porque «ampliaron los servicios gratuitos de atención a la infancia a todos los niños». También insta al Ejecutivo socialista a fijarse en Estados miembros como Croacia o Luxemburgo, ya que éstos «han introducido comidas gratuitas en los colegios».
En todo caso, admite que hay otros países donde «siguen existiendo deficiencias en el acceso a servicios clave para los niños necesitados». Y reconoce que, en el global comunitario, también «ha aumentado ligeramente desde 2019 el número de niños en riesgo de pobreza o exclusión social». Actualmente, está situado en «cerca de 20 millones en total en 2024, casi una cuarta parte de los niños de la UE». Es decir, que de toda la Unión Europea, uno de cada diez menores en esa situación es español.
El Ejecutivo comunitario ha mostrado esta opinión después de una pregunta parlamentaria firmada por la diputada del PP Rosa Estaràs sobre el «estado actual de ejecución de la Garantía Infantil Europea (GIE) en los Estados miembros». La GIE es una recomendación que se aprobó por unanimidad en el seno de la UE para prevenir y combatir la pobreza infantil, para que no se transmita de padres a hijos, fomentar la igualdad de oportunidades entre quienes se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social y garantizar el acceso a una serie de servicios básicos. Entre los objetivos de este plan está asegurar la educación y cuidado infantil, la asistencia sanitaria, las actividades extraescolares, vivienda adecuada, una comida saludable por día lectivo y, en general, una alimentación saludable.
La representante popular recordaba que esa medida «se encuentra actualmente en fase de implementación de los planes nacionales hasta 2030». Y puso el acento en que el Parlamento Europeo «subrayó la necesidad de que los Estados miembros integren la GIE en todas sus políticas públicas». En ese mismo sentido, Estaràs rememoraba que «los Estados miembros son responsables de la ejecución mediante planes de acción nacionales». Si bien «la Comisión Europea ofrece apoyo a través del Instrumento de Apoyo Técnico».
Y la situación de España, como constataba el Informe del Semestre Europeo 2025, es una de las peores en cuanto a pobreza infantil de toda la Unión Europea. «España registra una tasa del 34,5% de niños en riesgo de pobreza o exclusión social, la segunda más alta de la Unión Europea», denunció la diputada del PP. Y esto, mientras que el informe relativo a la situación de nuestro país «carece de información precisa sobre la inversión destinada a la GIE, y el seguimiento de su impacto continúa siendo limitado». Es más, lamentó que «durante los dos últimos años, no se ha observado un avance significativo en su implementación».
Por todo ello, Estaràs preguntó a la Comisión sobre el detalle exacto del «estado actual de ejecución de la Garantía Infantil Europea en los Estados miembros». Y, más en concreto, quería saber «cómo evalúa la Comisión el progreso de España en la aplicación de dicha Garantía y las medidas previstas para reforzarla».
