El Tribunal señala que «los presupuestos aprobados por el CR (Consejo Rector de la Casa Árabe) contienen reiteradamente déficit elevados, que son cubiertos mediante la incorporación del remanente de tesorería disponible, lo que ha llevado a cuestionarse la propia viabilidad de la entidad. En junio de 2025, el remanente de tesorería ascendía a 2.398.818 euros, y, según la propia entidad, de mantenerse las circunstancias actuales, ese remanente no durará mucho más de dos años, pudiendo agotarse en 2026 si resulta necesario afrontar algún gasto urgente del edificio de Madrid».
El Consorcio de la Casa Árabe se constituyó el 6 de julio de 2006 con el Gobierno de Zapatero y bajo la presidencia del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Está integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia Española de Coperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba. Su misión consiste en «crear relaciones de mutuo beneficio entre el mundo árabe y España como centro estratégico de diplomacia pública española e institución de referencia sobre el conocimiento y las relaciones con el mundo árabe». Las principales contenidos y temas sobre los que debían versar las actividades previstas en el Plan Estratégico para el trienio 2022-2025 fueron cambio climático y transición ecológica; fenómenos migratorios y sus consecuencias; mujeres e igualdad; derechos humanos; contribución árabe; presencia de España en el mundo árabe.
Si la entidad sigue funcionando como hasta ahora, quebrará en dos años
El 73 % de los ingresos que recibió la entidad en 2023 (1.535.000) correspondieron a transferencias de las administraciones consorciadas. Este importe ha permanecido prácticamente invariable desde el año 2012, según ha analizado el Tribunal de Cuentas. El Ministerio de Asuntos Exteriores, directamente o a través de la AECID, aporta 1.265.000 euros (el 82 % de las transferencias); el Ayuntamiento de Córdoba, 100.000 euros (7 %); el Ayuntamiento de Madrid, 70.000 euros (5 %); la Junta de Andalucía, 50.000 euros, y la Comunidad de Madrid, 40.000 euros. Pese a que en 2023 los ingresos se incrementaron un 6 % respecto al 2022, continuaban siendo insuficientes para cubrir los costes totales de las actividades desarrolladas.
Los ingresos por los cursos impartidos en el CLA –departamento que gestiona los cursos de lengua árabe– fueron solo de 270.232 euros en el año 2023 (el 12,3 % del total de ingresos), y fueron devueltos 27.804 euros por por falta de formalización definitiva de algunas matrículas en los cursos que no alcanzaron el número mínimo de alumnos requerido. Mientras tanto, los gastos de gestión ordinaria de la entidad en 2023 ascendieron un 7,75 % respecto a 2022, un 51 % más que los ingresos de gestión ordinaria, hasta alcanzar los 3.159.902 euros.
Los gastos de gestión ordinaria subieron un 7,75 % en 2023, y suponen un 51 % más que los ingresos ordinarios
Lozano fue nombrada directora general el 21 de noviembre de 2021. Dimitió en febrero de 2025 sin agotar el plazo previsto de cuatro años. Las competencias de la directora general se recogen en el artículo 17 de los Estatutos. Entre ellas se incluyen ser el órgano de contratación del Consorcio. Tenía delegada en la Gerencia la aprobación de gastos, autorización, compromiso, reconocimiento de obligaciones y firma de los contratos hasta 15.000 euros, así como los actos derivados de convocatorias y resolución de procesos selectivos. El Consejo Rector podía delegar en la directora general competencias como la aprobación de la plantilla y la ordenación de gastos, pero el Tribunal de Cuentas no ha encontrado ninguna delegación expresa.
El Tribunal de Cuentas emite una extensa batería de recomendaciones a la luz de la delicada situación financiera de la entidad. «Procedería que el Consejo Rector promoviera las actuaciones necesarias para solventar las debilidades de control interno detectadas», «El MAUC –Ministerio de Asuntos Exteriores– debería realizar la oportuna dirección, asistencia técnica y supervisión del CCA –Consorcio Casa Árabe– para que cumpla con su función de constituir un instrumento eficaz de la diplomacia pública española vigilando y fomentando su labor de proyectar la imagen y los intereses de España en el exterior», «Se recomienda a la Casa Árabe que lleve a cabo una actuación específica para la búsqueda de patrocinios y colaboraciones en el entorno del mundo árabe: legaciones diplomáticas, empresas y entidades culturales y de otro tipo, que en definitiva se benefician también directa o indirectamente del consorcio». Es tan solo una parte de una lista de tareas con mucho sentido común para que la Casa Árabe no sea una máquna de perder dinero, si es que tiene sentido que exista.
