Pero el verdadero calendario del presidente lo marcan los tribunales. La causa más avanzada es la trama de la venta de mascarillas, que investiga el Supremo y que afecta a Ábalos y Koldo, con una primera vista prevista para febrero o marzo.
Luego está la parte del caso Koldo que instruye la Audiencia Nacional, centrada en la actuación de una antigua responsable de ADIF y un exresponsable de Carreteras por aprobar presuntamente adjudicaciones fraudulentas y enchufar a personas que cobraban sin trabajar. A esta se suma la trama de los hidrocarburos, conectada también con el caso Koldo, donde se gastó más de un millón de euros para conseguir una licencia con la que defraudar el IVA, una causa que podría salpicar a los ministerios de Industria y Transición Ecológica.
Sin olvidar la trama de amaños en obra pública que afecta a Santos Cerdán, investigado por supuestas irregularidades en Navarra. De gran importancia es también la investigación de las cuentas del PSOE, que tiene muy nerviosa a Moncloa ante la posibilidad de que la Audiencia Nacional encuentre financiación ilegal. Mientras el PSOE lo niega, la UCO está revisando todos los gastos, incluidos los de Sánchez, aunque la auditoría encargada por el partido solo ha aireado los gastos de Ábalos.
A la lista se añade el caso Fontanera, por el intento de reventar investigaciones judiciales sobre el Gobierno y el PSOE sobornando a dos fiscales. También el caso SEPI, donde aparece el exministro Illa junto al expresidente de la SEPI y el empresario Antxon Alonso, investigados por presuntas mordidas a cambio de contratos o rescates a empresas como Tubos Reunidos.
El círculo más cercano al presidente también se ve afectado. Por un lado, el caso hermanísimo, por el que el hermano de Pedro Sánchez será juzgado el 28 de mayo en la audiencia de Badajoz por haber sido supuestamente enchufado. Por otro, el caso Begoña, que tiene varias carpetas: la relación de la mujer de Sánchez con el empresario Barrabés, la apropiación del software de la Complutense o la presunta malversación por tener a una asesora de Moncloa como secretaria particular.
El numero de causas se completa con el rescate de Plus Ultra, donde uno de los responsables de la compañía ha sido señalado como presunto testaferro de Zapatero, y el caso del fiscal general, García Ortiz, ya condenado por revelación de secretos. De todo esto se ha olvidado Sánchez en su balance del año.
