Así lo ha apuntado uno de los portavoces comunitarios, que ha añadido que de llevarse a cabo las intenciones de la Junta de Andalucía, «podría dañar el humedal», pese a lo defendido por Moreno Bonilla y su equipo.
El consejero andaluz de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fernández-Pacheco, ha defendido en primera persona el proyecto de ley en Bruselas. En una reunión con miembros de la Comisión, Fernández-Pacheco ha asegurado que la Junta cumple su parte de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a proteger Doñana y que la proposición de ley «en absoluto perjudica» al humedal.
Sin embargo, la misma Comisión Europea ha respondido reconociéndose «profundamente preocupada» porque la legislación andaluza planteada, «si se aprueba como se ha propuesto, podría degradar el humedal protegido de Doñana».
«El proyecto de ley crea un marco legal favorable para el reconocimiento de los derechos de uso de aguas pluviales y derechos de uso de aguas superficiales que se sumarían a la presión excesiva sobre los cuerpos de agua subterránea ya sobreexplotados», añade el texto oficial, haciendo referencia al abuso de la «agricultura intensiva» y los «centros turísticos» en el entorno.
«Las medidas adoptadas hasta ahora por España para hacer frente a los incumplimientos declarados por el Tribunal de Justicia (…) no son suficientes, incluso sin el probable impacto negativo de la normativa propuesta, que parece ir en sentido contrario, como se explica en nuestra carta a las autoridades españolas de 20 de marzo de 2023 y una carta anterior de 31 de enero de 2022», prosigue la Comisión.
La respuesta de Bruselas se suma a las amenazas de sanciones lanzadas por la propia Comisión hace días, cuando tuvo noticias del proyecto legislativo andaluz. Entonces planteó la posibilidad de sancionar a España por los posibles efectos perjudiciales de la propuesta del PP y Vox, que consideraba una «violación flagrante» de la sentencia del Tribunal de Justicia europeo.
La encargada de hacerlo fue la directora general de Medio ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, que envió una carta al Gobierno español para que en el plazo máximo de un mes le explique y aclare cómo se han cerciorado de que el plan de mejora de regadío en la Corona Norte de Doñana no producirá consecuencias perjudiciales en los espacios protegidos del parque.
Ribera amenasza con el Constitucional
Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Ribera, ha advertido que denunciará a la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional si no retira la proposición de ley de ampliación de regadíos en Doñana.
Ribera ha pedido al presidente de la Junta, que retire el texto para que «se imponga el sentido común», porque no se van «a negociar ilegalidades: No caben enmiendas, solo cabe la devolución íntegra de esta ley al sitio del que no debió salir nunca jamás, en beneficio de los españoles, que es la papelera». Si la Junta sigue adelante con su proposición de ley, Ribera ha hecho hincapié en que se acudirá «al Tribunal Constitucional».
También, habría que pensar en el supuesto de que hubiera multas «fuertes y privadas» y cómo se trasladaría esa multa coercitiva, porque «alguien debería pagarla y la amenaza es real, cierta como ha dejado por escrito y claramente en la reunión, el comisario europeo». «No se trata de un asunto discutible ni sujeto a interpretación”, ha incidido la ministra refiriéndose a la postura de la Comisión Europea, y ha exigido a la Junta de Andalucía que deje de reclamar diálogo pues “no se puede dialogar sobre la base de la ilegalidad”.
«Salvar Doñana depende de todos, pero cada cual tiene su responsabilidad», ha alegado Ribera, para concluir con otra petición al Gobierno de Moreno: «Dejen por favor de aliarse con Vox y vuelvan a pensar en la legalidad europea».
La ministra ha destacado la situación de estrés hídrico que padece el parque de Doñana, y ha aseverado que «donde no hay agua, donde está ya comprometida en un plan hidrológico del Guadalquivir sobre el que la Junta de Andalucía no hizo el menor comentario ni la menor alegación, no es posible inventar más agua». «El agua del que nos podemos dotar está ya comprometida para los regantes legales, para los consumidores y para el propio parque», ha señalado.