Así lo afirmó Saiz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado en Moncloa, en la que señaló que «a lo largo de esta semana» intercambiarán «ideas con todos los grupos parlamentarios, con los agentes sociales, sindicatos y patronal» y también añadió que escucharán las propuestas de la Comisión Europea para poner en marcha «una respuesta calibrada y eficaz de doble plano». Se trata de un plan con medidas para paliar la subida del gas, de la gasolina y el precio de algunos productos como consecuencia de la guerra en Irán.
Como ya hizo el presidente del Gobierno, Saiz habló de aprobar un plan, que desde el punto de vista coyuntural incluirá «medidas para proteger a hogares, a trabajadores, a empresas afectadas» y, en un plano estructural, también incluirá medidas para acelerar la transición ecológica y fortalecer la autonomía estratégica. Así, afirmó de manera contundente que el Gobierno ya antepuso «los intereses de la ciudadanía en otros conflictos, como en el de Ucrania», y afirmó que en esta ocasión el Ejecutivo lo volverá a hacer porque «estamos preparados». Saiz incidió en que «la posición de España es clara, no a la guerra, y no estamos solos, somos los primeros, como pasó con el reconocimiento de Palestina».
La portavoz afirmó que «ya estamos viendo cómo muchos otros gobiernos se han sumado a esta postura, que no es ni más ni menos que la de preservar el interés de nuestra propia ciudadanía».
Por otra parte, rl Gobierno ha aprobado un decreto para retomar la sanidad universal, incluyendo a migrantes en situación irregular
Bastará con una declaración responsable y el empadronamiento o, en su defecto, facturas que acrediten la residencia De esta manera, el Gobierno recupera así la norma que el Ejecutivo de Rajoy restringió en 2012 y elimina barreras administrativas para estas personas. La norma, propuesta por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pretende solventar esta situación, en la que lleva trabajando desde 2024, cuando el Consejo de Ministros dio su aprobación a la Ley de Universalidad de la Sanidad.
El nuevo real decreto simplifica los trámites necesarios para el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria, que se realizará mediante una declaración responsable. Con este documento, la persona solicitante manifiesta que no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar el derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia.
Desde que presenten esta solicitud, se les entregará un documento provisional con el que tendrán acceso a la asistencia sanitaria pública de forma inmediata en todas las comunidades autónomas.
Además de la declaración responsable, el solicitante debe acreditar su residencia en España. Para ello, el empadronamiento es el documento preferente, pero el proceso se flexibiliza aceptando otros medios de prueba como certificados de escolarización o matriculación en centros públicos; informes de servicios sociales o certificados de registro de visitas; facturas de luz, gas, agua, telefonía o Internet a nombre del solicitante; y cédulas de inscripción o documentos de inscripción consular.
La Administración tendrá un plazo máximo de tres meses para notificar la resolución. Si no hay respuesta en ese periodo, la solicitud será estimada por silencio administrativo. Una vez reconocido el derecho, el documento de asistencia sanitaria no tendrá caducidad mientras no se obtenga cobertura por otra vía.
Este real decreto establecerá además una aplicación por igual en todas las comunidades autónomas, con el fin de evitar desigualdades y «acabar con criterios divergentes que se aplicaban en función del territorio», según ha explicado la ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Además, amplía el derecho a asistencia sanitaria pública a las personas españolas de origen que viven en el extranjero durante sus desplazamientos temporales a España. Hasta ahora, este derecho estaba limitado a pensionistas o trabajadores y, con el nuevo texto, se extiende a todos los españoles de origen y a sus familiares que viajen con ellos, incluidos cónyuges, parejas de hecho y descendientes a cargo, siempre que no tengan la cobertura prevista por convenios internacionales o la legislación de seguridad social.
Para asegurar el buen uso de los fondos públicos, la norma establece mecanismos claros de control sobre las prestaciones recibidas. Si la solicitud es denegada, se procederá a la facturación de las atenciones recibidas. Sin embargo, no habrá facturación si la persona demuestra posteriormente que, en el momento de recibir dicha asistencia sanitaria, sí cumplía los requisitos materiales.
En caso de detectarse inexactitud o falsedad en la declaración responsable, el documento provisional quedará sin efecto de inmediato. En estos supuestos, la Administración podrá exigir el reintegro del importe total de las prestaciones sanitarias obtenidas desde el inicio de la solicitud.
Por otra parte, la norma introduce cambios en el sistema de copago ortoprotésico para equiparar automáticamente que las personas ya exentas del copago en la prestación farmacéutica ambulatoria también se vean exentas del copago de los productos ortoprotésicos. Esto beneficiará, por ejemplo, a pensionistas con rentas bajas, personas con discapacidad o colectivos en situación de especial protección.
Con la aprobación de este real decreto, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, el Gobierno avanza en la consolidación efectiva del principio de universalidad del Sistema Nacional de Salud, garantizando que el derecho a la protección de la salud se ejerza en condiciones de igualdad, cohesión territorial y equidad.
