A medida que pasan los días se enfrían las posibilidades de que el plan anticrisis aprobado por el Gobierno en el último Consejo de Ministros salga adelante una vez que los grupos de la oposición van conociendo todas las medidas aprobadas y cómo pretenden financiarse, ya que solo un tercio de ellas son coyunturales –medidas directamente aplicadas para contrarrestar el impacto de la guerra de Irán–, por lo que el 70% restante son medidas estructurales que el Gobierno «ha colado en el decreto para aprobarlas por la puerta de atrás», advierten en Génova, por lo que no garantizan su apoyo si no se incluyen medidas que minimicen la pérdida de poder adquisitivo y se retiren otras que ya fueron rechazadas por el Congreso.
Entre estas, las de mayor conflicto se encuentran el control de los márgenes empresariales, la congelación temporal de los contratos de alquiler, y, sobre todo, una cláusula relativa a la energía nuclear, que confirma el plan de cierre de todas las centrales nucleares españolas. En concreto, los artículos 13 y 29 –sobre criterios de alta prioridad en acceso a redes y proyectos estratégicos de inversión– otorgan al Gobierno facultades de «selección de proyectos y priorización de capacidades», sin criterios objetivos ni control parlamentario; el artículo 62 prohíbe los despidos, incluso por fuerza mayor, y el 63 y el 64 imponen planes de movilidad sostenible a empresas con más de 200 trabajadores y penalizan con el reintegro de ayudas su incumplimiento; las disposiciones finales 8ª, 9ª, 14ª, 15ª y 17ª modifican la Ley del Sector Eléctrico, la Ley de Eficiencia Energética, los decretos de acceso a redes y el régimen de autoconsumo como decreto de urgencia se aprobarían sin debate parlamentario y sin estudios de impacto; incluso la disposición 13ª habilita al Gobierno a declarar «nudos de transición justa adicionales en emplazamientos de centrales nucleares» que vayan a cerrar, lo que implica un respaldo implícito al plan de cierre nuclear, que el PP rechaza y que ya ha advertido de que va a exigir su anulación.
Más grave todavía es que, en ausencia de Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno aprueba suplementos y créditos extraordinarios por importe superior a 3.400 millones distribuidos en múltiples líneas ministeriales, puestas en duda por los propios funcionarios de Hacienda del área presupuestaria, que avisan que «se hace con una disposición final en la parte última del texto normativo, que nace como precepto de una ley de presupuestos de hace tres años». «Lo procedente en condiciones normales sería financiar estas medidas con el fondo de contingencia y pedir un crédito suplementario solo sobre el exceso. Pero, el Gobierno aprovecha la urgencia para hacer, de facto, una operación parcial de presupuesto
Asimismo, la disposición final 12ª amplía el Anexo II de créditos ampliables para incluir cuatro partidas de la Seguridad Social: complementos a mínimos, prestaciones familiares no contributivas, pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. Con esa combinación, el Gobierno se asegura este año una vía jurídica para aumentar estos créditos sin quedar sujeto a la disciplina y trazabilidad del Fondo de Contingencia. «La conexión entre la urgencia energética del decreto y esta flexibilización permanente del gasto social estructural es inexistente en este decreto», denuncian fuentes populares.
