Begoña Gómez ha acusado al juez Peinado de continuar con la investigación de forma «anormalmente acelerada» porque ha emplazado a las partes a presentar escritos de conclusiones sin resolver los recursos presentados contra la decisión de llevar el caso ante un jurado popular. Esto, dice, constituye una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, al derecho de defensa, porque el procedimiento continúa avanzando sin que se haya depurado previamente la validez o corrección de las resoluciones recurridas en un plazo razonable y de forma motivada.
Peinado dejó a un paso del banquillo a la esposa del presidente Pedro Sánchez, proponiendo que sea juzgada por malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida, en un auto en el que habla, incluso, de conductas propias de «regímenes absolutistas».
El juez rechazó todas las pruebas que solicitaron las defensas y emplazó a las partes a presentar los últimos escritos antes de dictar el auto de apertura de juicio oral y procesar a Begoña Gómez, a su asistente Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabes.
El auto señala que Begoña Gómez «influyó» sobre autoridades y funcionarios «prevaliéndose de relación personal con el presidente del Gobierno, y de éste con el resto de la administración, facilitándose así el acceder, gracias a esa posición, a interlocuciones institucionalmente excepcionales y a que la sola condición de esposa de sirviera para influir, y todo ello con el añadido de haber realizado reuniones en la Moncloa».
