Tras someterle este lunes a un nuevo examen forense, la sala que preside de Prada ha concluido que no está en condiciones de declarar ni de afrontar el proceso penal.
Así lo ha manifestado el tribunal al arrancar la sesión, con una hora de retraso, señalando que habían considerado «imprescindible» contar con un nuevo reconocimiento forense y que era de «especialísimo interés» conocer de primera mano la condición de Pujol. Realizados ambos trámites, los jueces han considerado que el deterioro físico y cognitivo de Pujol le imposibilita para afrontar el juicio, y le deja fuera de la causa.
Con esta decisión, además, Pujol –que se considera que no tiene la «capacidad» de defenderse– queda también fuera de cualquier posible condena. Poco antes, la familia de Pujol había trasladado que el exdirigente de CiU tenía la voluntad de declarar en el juicio, y que así se lo había trasladado al forense. Se ha despejado así una de las principales incógnitas del juicio a los Pujol, si el patriarca de la familia declararía y si sería condenado: ambas cuestiones se han resuelto con un «no» después de que Pujol se haya sometido personalmente al trámite exigido por los magistrados de la AN. Hasta ahora, Pujol había seguido el juicio de forma telemática, pero este domingo viajó a Madrid desde Barcelona, acompañado por una enfermera, y pasó la noche en la capital. Ha entrado en el edificio por el garaje, esquivando al enjambre de periodistas apostados en las puertas.
En noviembre, la defensa presentó informes forenses que acreditaban que el exdirigente de CiU, de 95 años, presenta un deterioro cognitivo y una «demencia sobrevenida» que justificarían eximirle del juicio, como ha ocurrido. La Fiscalía Anticorrupción reclamaba para el expresidente nueve años de cárcel y una multa de 204.000 euros como presunto autor de delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Anticorrupción acusaba a Pujol y a sus siete hijos, contra los que se mantiene la imputación, de haber formado una supuesta asociación ilícita para enriquecerse durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política. También acusa a 15 presuntos colaboradores, entre ellos, empresarios que habrían contribuido a blanquear la fortuna de los Pujol a través de sociedades instrumentales que presuntamente gestionaba el primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado sostienen que empresarios pagaron comisiones a cambio de recibir adjudicaciones públicas y que para ocultar la procedencia ilícita de los fondos se realizaron operaciones ficticias, y rechazan el relato de que la fortuna de la familia en Andorra sea la herencia del abuelo Florenci Pujol.
Con el expresidente fuera de la causa, el foco se centra ahora en el resto de acusados, que empezarán a declarar este lunes, hasta el miércoles. Quien se enfrenta a una pena más elevada es Jordi Pujol Ferrusola: la Fiscalía pide 29 años de prisión por presuntos delitos de asociación ilícita, falsedad documental, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución y delitos fiscales.
