Como se sabe el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó este miércoles la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024 en una tensa sesión marcada por una circunstancia inédita: por primera vez, un consejero votó en contra del informe, evidenciando el nivel de discrepancia interna en torno a la fiabilidad de las cuentas públicas.
El informe señala que parte del gasto generado en 2024 no se imputó al ejercicio, mientras que obligaciones de años anteriores se incorporaron al cierre actual, lo que rompe el principio de temporalidad en el registro contable. Este desplazamiento de operaciones entre ejercicios altera el resultado y ofrece una imagen más favorable de la situación de la que correspondería. Sin este ajuste, el déficit del Estado sería superior al reflejado en las cuentas oficiales.
Las salvedades del Tribunal van más allá de este relevante desajuste contable. La Cuenta General deja fuera a 65 entidades del sector público estatal y a otras 38 entidades asociadas, lo que impide disponer de una visión completa del conjunto de la actividad pública. Esta exclusión compromete la representatividad de la información y debilita la consistencia del sistema. A finales de 2024 permanecen sin reconocer más de 5.300 millones en obligaciones y más de 2.000 millones en derechos, cifras que deberán trasladarse a ejercicios posteriores. Este desfase entre lo ejecutado y lo contabilizado se consolida como uno de los principales fallos detectados por el Tribunal.
Además, el Estado mantiene más de 1.600 millones en pagos pendientes de justificar fuera de plazo, una situación que evidencia fallos en la supervisión y en la trazabilidad del uso de los fondos públicos. No se trata solo de un problema técnico, sino de una debilidad en los mecanismos de control que afecta directamente a la calidad de la gestión.
El Tribunal detecta tambien una sobrevaloración de 11.263 millones en deudores tributarios y no tributarios, junto con una infravaloración de 2.644 millones en deudas de la Seguridad Social, el SEPE y el Fogasa, a lo que se suma otra infravaloración de 781 millones por no registrar los intereses de demora en cotizaciones sociales.
Poer otra parte, encuentra dudas en las cuentas de públicas como Renfe Mercancías y en Renfe-Operadora. Detecta además problemas en Sepes, con más de 880 millones sin respaldo documental suficiente, y fallos en el SEPE, donde no es posible verificar con fiabilidad parte de las deudas por prestaciones indebidas.
Por su parte, los inventarios públicos siguen incompletos y desactualizados, mientras que los derechos de cobro aparecen sobrevalorados en más de 11.000 millones por la aplicación de criterios contables no adaptados, lo que cuestiona la fiabilidad del balance. Por si fuera poco, el desplazamiento de gasto entre ejercicios se refuerza con prácticas recurrentes en partidas clave. Las pensiones de diciembre de 2024 se imputan en 2025, generando una infravaloración superior a 1.000 millones en el ejercicio analizado y suavizando artificialmente el cierre anual. El Tribunal también detecta desajustes en la CNMC por imputaciones incorrectas entre ejercicios, dudas sobre la recuperación de deudas históricas en la Seguridad Social y falta de información fiable en proyectos inmobiliarios y operaciones internacionales.
Además, el órgano fiscalizador del gasto deja patente que el Gobierno utilizó fondos europeos para financiar el pago de las pensiones de funcionarios. El Tribunal identifica dos modificaciones presupuestarias por un total de 2.389,4 millones de euros destinadas a reforzar las pensiones de Clases Pasivas —el régimen que cubre a los antiguos funcionarios— y los complementos a mínimos.
El conjunto de salvedades muestra un sistema contable que cumple formalmente, pero que presenta fallos relevantes en su aplicación práctica. La diferencia entre lo que se ejecuta, lo que se registra y lo que finalmente se presenta en la Cuenta General sigue siendo el principal problema de las finanzas públicas. La repetición de estas incidencias en ejercicios sucesivos confirma que no se trata de desviaciones puntuales, sino de problemas estructurales. El Tribunal de Cuentas vuelve a advertir de la necesidad de reforzar los criterios contables, mejorar los sistemas de control y garantizar una representación más fiel de las cuentas públicas en un contexto de creciente presión sobre el gasto y de desequilibrios que siguen sin corregirse.
