La ministra ha ignorado así las duras críticas del presidente de Canarias, quien calificó la actuación del Gobierno central de «desdén y desprecio» a las instituciones canarias. «No es lo que acordamos con el Gobierno de España», denunció Clavijo al filo de la medianoche, subrayando que su posición era compartida por la presidenta del Cabildo de Tenerife y el alcalde de Granadilla, quienes se reunieron con los ministros desplazados a la isla para trasladarles su rechazo. «No vamos a autorizar el fondeo de un barco que nuestros técnicos nos dicen que es potencialmente peligroso», insistió el presidente canario, visiblemente contrariado.
En este ambiente de enfrentamiento, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Domínguez, ha cargado con dureza contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por imponer el fondeo prolongado del crucero del hantavirus MV Hondius en Tenerife, denunciando una «absoluta falta de respeto, una deslealtad y un riesgo innecesario» hacia las instituciones canarias. «El Gobierno de España, una vez más, vuelve a obligarnos a tomar una decisión contraria a lo que opinamos desde el Gobierno de Canarias», ha afirmado Domínguez, quien ha repasado la sucesión de imposiciones del Ejecutivo central desde el inicio de la crisis: primero intentaron obligarles a recibir a un pasajero grave, luego forzaron el atraque del buque y ahora prolongan el fondeo por la falta de aviones para evacuar a los pasajeros.
El vicepresidente canario ha hecho una comparación especialmente reveladora: «Si esto fuese en Cataluña, si esto fuese en el País Vasco, estoy convencido de que hubiese habido negociación, informes y medidas de colaboración. Sin embargo, como es Canarias, una vez más nos vemos en esta situación».
Domínguez ha rechazado cualquier acusación de insolidaridad y ha dejado clara la prioridad del Gobierno canario: «Ante todo lo que podamos estar viviendo, primero están los canarios y en este caso, primero están los tinerfeños. Tenemos que velar por la seguridad y la salud de nuestra gente y no podemos permitir que se asuma ni un solo riesgo».
Para imponer su decisión, el Gobierno de Sánchez recurrió a una ley sobre naufragios y mareas negras, en una maniobra dudosamente legal que el propio Ejecutivo canario calificó de triquiñuela para saltarse la autonomía de Canarias. El operativo incluyó además la escolta del MV Hondius por el mayor buque de Salvamento Marítimo y dos patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que se colocaron junto al crucero en torno a las 2:30 horas de la madrugada para acompañarle en el tramo final hasta el puerto de Granadilla.
