Se trata de antiguos miembros de la UCO que en su día fueron expedientados por la unidad de Régimen Disciplinario por investigar la corrupción en el PSOE.
Los investigadores de la UCO, con el teniente coronel Antonio Balas a la cabeza, han llegado a la sede de la Guardia Civil con un requerimiento para llevarse todos los expedientes que se abrieron a guardias de la UCO y provocaron su salida de la unidad. Los agentes de la UCO fueron expedientados en su día acusados de filtrar información a la prensa de las investigaciones sobre las corruptelas socialistas. Los expedientes se cerraron absolviendo a los agentes, pero las víctimas ya habían abandonado la UCO.
Hoy sus antiguos compañeros les están tomando declaración en sus puestos de trabajo de la Dirección General de la Guardia Civil como perjudicados por las cloacas socialistas. La presencia de la UCO en la Dirección General de la Guardia Civil se ha producido cuando la directora general del instituto armado, Mercedes González, se encontraba en las instalaciones de Batalla del Salado presidiendo la toma de posesión del nuevo jefe en la Comunidad de Madrid, general de brigada Francisco Almansa.
Varios investigadores de la UCO que investigaban al PSOE fueron expedientados bajo la acusación de filtrar datos de las investigaciones a la prensa. Una orden que llegó desde la cúpula del cuerpo y que en la UCO se interpretó como un intento de presión sobre los investigadores que indagan en las tramas de corrupción del PSOE.
En concreto, desde Régimen Disciplinario, se habían abierto informaciones reservadas (el paso previo a un expediente) y expedientes contra los agentes de la UCO inmersos en las investigaciones contra José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
Fuentes del caso confirman que el requerimiento a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil también afecta a un ex agente de la UCO. Se trata de Juan Sánchez Yepes, agente de la Guardia Civil que formó parte del grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO), y que ya ha declarado con anterioridad en otras causas relacionadas con tramas de hidrocarburos como el caso Gaslow.
La actuación en la Dirección General de la Guardia Civil forma parte de la operación patrocinada por la Audiencia Nacional que ha arrancado en la sede del PSOE en la calle Ferraz y busca pruebas de las supuestas maniobras urdidas contra fiscales y cargos policiales por parte de la trama corrupta del PSOE.
