Este posicionamiento no responde a una estrategia política coherente, sino a un cálculo oportunista que busca marcar distancias sin asumir responsabilidades. Es, en esencia, una política de gestos: se critica con dureza, se eleva el tono y se lanza el mensaje de que el ciclo está acabado, pero a la hora de actuar se opta por no mover ficha. Así, los socios del Gobierno se sitúan en una cómoda ambigüedad: no sostienen abiertamente al Ejecutivo, pero tampoco hacen nada real por sustituirlo.
El problema es que esta actitud tiene un coste institucional evidente. Si, como afirman, la situación es insostenible y existen dudas graves sobre la continuidad del Gobierno, lo coherente sería activar los mecanismos democráticos para resolverla. Pero pedir elecciones mientras se descarta cualquier vía parlamentaria para forzarlas equivale a trasladar el problema al aire, sin voluntad de resolverlo.
Además, este juego político alimenta una sensación creciente de bloqueo. Los mismos partidos que hacen depender la estabilidad del Gobierno de sus votos son los que ahora señalan el final de la legislatura, pero sin asumir las consecuencias de esa afirmación. La consecuencia es un escenario de provisionalidad permanente, donde nadie rompe, pero todos erosionan.
En el fondo, lo que se evidencia es una falta de liderazgo y de claridad. Los socios no quieren aparecer como responsables de una caída del Gobierno, pero tampoco quieren cargar con el coste de seguir apoyándolo en un momento delicado. Y esa equidistancia, lejos de ser neutra, es profundamente política: permite ganar tiempo, pero no aporta soluciones.
En definitiva, no se puede defender simultáneamente que el Gobierno debe irse y, a la vez, garantizarle la continuidad con los hechos. Esa incoherencia no solo debilita al Ejecutivo, sino que erosiona la credibilidad de quienes la practican. Porque en política, como en cualquier ámbito, las declaraciones cuentan… pero los actos pesan mucho más.
Por otra parte, el Gobierno ha optado por una estrategia tan previsible como preocupante: convertir cualquier cuestionamiento en un supuesto intento de derribo contra Pedro Sánchez. No es una respuesta política sólida, sino un recurso defensivo que sustituye las explicaciones por la confrontación y la rendición de cuentas por el victimismo. La acusación de que existen “métodos no democráticos” para acabar con el Ejecutivo resulta especialmente grave, no solo por lo que sugiere, sino por la absoluta falta de pruebas que la respalden. Deslegitimar de forma genérica la crítica política, la actuación judicial o el debate público bajo la etiqueta de conspiración es un atajo peligroso que erosiona la confianza en las instituciones. La democracia se fortalece con transparencia, no señalando enemigos difusos.
En definitiva, el Gobierno no está afrontando la crisis con transparencia, sino encapsulándola en un relato de asedio que le permite ganar tiempo, pero no recuperar la confianza. Y cuando un Ejecutivo responde acusando a “todos” de perseguirlo, el problema ya no es la oposición: es su incapacidad para dar respuestas convincentes.
