El objetivo principal será consolidar el crecimiento económico y reforzar el papel de España en Europa. Entre las prioridades destacan el acceso a la vivienda, el apoyo a los jóvenes, el impulso a la ciencia y el refuerzo del Estado del bienestar (sanidad, educación, pensiones y servicios sociales), junto a la continuidad de la transición energética basada en energías renovables.
Los PGE mantendrán un enfoque de crecimiento sostenible, equilibrado e inclusivo, apoyado en reformas estructurales y en la creación de empleo de calidad. También reforzarán la sostenibilidad ambiental mediante medidas contra el cambio climático, la descarbonización, la movilidad sostenible y la digitalización.
La protección de los servicios públicos será un pilar clave, buscando mayor eficacia, cohesión social e igualdad de oportunidades. Además, se priorizarán la educación, la sanidad y la digitalización para afrontar los retos económicos y geopolíticos.
En el ámbito fiscal, el Gobierno continuará con la reducción del déficit y la deuda pública. Tras situarse el déficit en el 2,2% en 2025 y la deuda en el 100,7%, se prevé seguir reduciendo ambos indicadores en 2026, manteniendo el equilibrio entre estabilidad presupuestaria y gasto social.
Entre las líneas estratégicas destacan el refuerzo del Estado del bienestar, el acceso a la vivienda, el impulso a la I+D+i, la transición ecológica, la digitalización, el empleo de calidad, la igualdad y la inversión en infraestructuras.
Los organismos públicos deberán presentar sus propuestas antes del 29 de junio de 2026. Con ello, el Gobierno busca que los PGE de 2027 consoliden a España como una economía competitiva y sostenible.
AEAT: la recaudación sigue subiendo
Según un comunicado remitido por la Agencia Tributaria, el departamento que dirige Arcadi España ha recaudado 5.710 millones de euros hasta el 1 de junio, lo que supone un 23,8% más que en el mismo periodo de 2025, cuando ingresó 4.610 millones.
El incremento de la recaudación se apoya en el aumento del número de contribuyentes que han presentado su declaración. Concretamente, la Agencia Tributaria ha recibido 15.202.429 declaraciones hasta el 1 de junio, 700.000 más que en 2025, cuando se presentaron 14.514.563. Además, los contribuyentes cuyo resultado les ha salido a pagar también se han incrementado en un 7,8%: desde los 2.969.595 de 2025 hasta los 3.201.991 actuales.
Enparalelo, los contribuyentes a los que Hacienda tiene que devolver dinero también han crecido, aunque a un ritmo inferior al de aquellos cuya declaración ha salido a pagar: alcanzan a 10.966.485 de declarantes, un 3,8% más que en la campaña anterior. Y de ellos, Hacienda ya ha abonado 8.277.489 devoluciones por un importe acumulado de 5.710 millones de euros, un 3,7% más que hace un año.
Según los últimos datos de recaudación, Hacienda ha ingresado 54.203 millones de euros por IRPF entre enero y abril de 2026, un 8,9% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando la cifra ascendió a 49.773 millones. Se trata de 4.430 millones de euros adicionales en apenas cuatro meses y detrás de este incremento se encuentra, en primer lugar, el dinamismo del mercado laboral. Tan solo en el último año se han incorporado más de medio millón de trabajadores, lo que ha ampliado la base de contribuyentes sujetos a retenciones.
Y a ello se suma el crecimiento de los salarios —que eleva automáticamente la recaudación del impuesto sobre la renta— y la negativa del ministro España de ajustar la inflación a los tramos del IRPF, lo que se conoce como «progresividad en frío». Es decir, cuando los salarios aumentan para compensar la inflación, pero los tramos del IRPF permanecen congelados. Cuando esto sucede, muchos trabajadores terminan soportando una mayor carga fiscal al saltar a un tramo superior sin haber ganado realmente poder adquisitivo porque el coste de la vida es más elevado de lo que se han incrementado sus salarios.
Precisamente esta cuestión se debate con frecuencia en el Congreso de los Diputados. Este mismo jueves, durante la primera comparecencia como ministro de Arcadi España en la Comisión de Hacienda, el titular del departamento ha defendido que una de las prioridades de su mandato será seguir avanzando hacia un sistema tributario «más progresivo, eficiente y adaptado a los nuevos tiempos», basado en que «la contribución se ajuste a la capacidad económica» de cada contribuyente.
Ante estas palabras, el portavoz del PP, Pedro Puy, ha reprochado al ministro que siga sin actualizar los tramos del IRPF conforme a la inflación, ya que esto provoca un aumento encubierto de la carga fiscal sobre todos los contribuyentes. El último cálculo de este fenómeno lo ha realizado el Colegio General de Economistas y, según sus estimaciones, un contribuyente con un salario medio habría soportado un «sobrecoste fiscal» de 820 euros entre 2021 y 2025.
