Así ha respondido la Comisión tras la pregunta presentada por el eurodiputado del Partido Popular Giménez Larraz, quien solicitó aclaraciones sobre la preservación de pruebas durante la investigación del siniestro y sobre la posible retirada de elementos de la infraestructura antes de la finalización de las actuaciones de inspección, tal y como denunciaron testimonios judiciales. En su respuesta escrita, la Comisión recuerda que «la legislación nacional debe garantizar que las investigaciones de accidentes ferroviarios se lleven a cabo de manera independiente, eficiente y en el plazo más breve».
Asimismo, señala que los organismos nacionales de investigación deben ser independientes «de cualquier parte cuyos intereses pudieran entrar en conflicto con el cometido confiado a dichos organismos».
Bruselas destaca que la Directiva (UE) 2016/798 establece garantías específicas para los investigadores, entre ellas «su derecho a acceder a cualquier información pertinente», así como los principios que deben regir la cooperación entre las autoridades implicadas en la investigación de accidentes ferroviarios. Aunque la Comisión afirma que «no ha recibido pruebas del organismo de investigación español» que sugieran que la investigación no pueda llevarse a cabo de forma independiente, ni que la legislación nacional no garantice los derechos de los investigadores, según los ‘populares’ evita pronunciarse sobre la cuestión de fondo planteada en la iniciativa parlamentaria del diputado popular: si la retirada de pruebas antes de la elaboración del inventario por parte de los investigadores fue compatible con las exigencias establecidas por la normativa europea, según recoge Europa Press.
La respuesta recuerda que corresponde principalmente a las autoridades y tribunales nacionales garantizar que los procedimientos de investigación sean adecuados. Sin embargo, la Comisión subraya que mantiene intactas sus competencias como garante de los Tratados y advierte de que «puede incoar un procedimiento de infracción, según proceda, en caso de que existan pruebas sólidas de una infracción del Derecho de la Unión». Tras conocer la respuesta, Giménez Larraz ha señalado que «Bruselas deja claro que la puerta sigue abierta y que, si aparecen evidencias de una vulneración de la normativa comunitaria durante la investigación, podrá actuar contra España».
«Lo importante ahora es que se esclarezca exactamente qué ocurrió en las horas posteriores al accidente, quién autorizó cada actuación sobre el terreno y si se preservaron todas las garantías exigidas por la legislación europea para una investigación independiente», ha añadido el eurodiputado popular.
