El Ministerio del Interior asegura que más de 53.000 han vuelto a Marruecos de forma voluntaria. «Nos congratulamos de que se hayan iniciado los retornos, pero Ceuta no ha logrado la normalidad, no estamos en la normalidad», afirmó el sábado Vivas, presidente de la ciudad autónoma. El dirigente popular señaló que, todavía, «hay varios miles de personas que deben ser retornadas y existe un clima marcado por la inquietud y la preocupación». Un día antes, en presencia de Sánchez, le reprochó la ayuda ofrecida hasta el momento. Pidió al Gobierno un plan urgente para evitar el colapso.
A pesar de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se vanaglorió el sábado de que en apenas 24 horas se había revertido la situación, fuentes policiales cifran entre 5.000 y 7.000 los irregulares que continúan en Ceuta. Con el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) abarrotado (han aceptado inmigrantes por encima de su aforo, de 512 plazas), muchos de ellos deambulan por sus calles. Necesitan agua y comida y los recursos son limitados en una ciudad de 83.500 habitantes cuyos establecimientos han permanecido días cerrados.
Los inmigrantes se ocultan en parques y en lugares donde pueden pasar desapercibidos. Patrullas de policías locales y militares peinan Ceuta con el objetivo de convencerles para que emprendan el camino de vuelta, pero ellos se resisten. Algunos vecinos temen que ocurra algún incidente y demandan una solución urgente. Pero los milagros no existen.
Y es que el procedimiento de expulsión es lento y tedioso. La Policía Nacional debe identificar a la persona que está en situación irregular y levantar un acta que debe notificarse al interesado. Este tiene derecho a un abogado, en la mayoría de las ocasiones de oficio, ante la imposibilidad de pagar los honorarios profesionales. Si no entiende el idioma, se le asigna un intérprete. El inmigrante puede presentar alegaciones y aportar pruebas. La encargada de dictar resolución es la Delegación del Gobierno de Ceuta, que puede imponer una multa o acordar la expulsión.
La tarea conlleva meses, ya que la Oficina de Extranjería de la Delegación de Gobierno de Ceuta carece de personal, según fuentes jurídicas. El proceso puede ralentizarse si el perjudicado recurre la resolución en el juzgado, como hizo el argelino que llegó a nado a Ceuta en 2024 y cuyo recurso motivó la sentencia del Supremo. Pero aún puede demorarse más si la persona solicita asilo en nuestro país, aunque este no está pensado para inmigrantes económicos. En ese caso, el proceso de repatriación se paraliza pudiendo demorar la expulsión hasta dos y tres años.
