Los ministerios de Economía, Hacienda y Transición Ecológica estudian iniciativas centradas en los combustibles, el gas y la electricidad, con la intención de aprobarlas antes de final de septiembre.
La presión inflacionista ha aumentado por la subida del petróleo y del gas natural. A ello se suma el encarecimiento de la electricidad, que podría cerrar el mes en torno a los 100 euros por MWh, el aumento del coste de los carburantes y la reciente subida del precio de la bombona de butano.
Entre las opciones analizadas figura la prórroga de las ayudas al combustible, incluyendo una posible extensión a la gasolina. Sin embargo, el Ejecutivo descarta por ahora nuevas rebajas del IVA, una medida cuestionada previamente por Bruselas. También vuelve a estudiarse la recuperación de la denominada excepción ibérica para moderar el precio de la electricidad, aunque su efecto sería hoy más limitado.
El Gobierno analiza además medidas para suavizar el impacto de la próxima revisión de la tarifa regulada del gas, cuyo incremento podría elevar aún más la inflación y dificultar el pago de la calefacción a numerosos hogares este invierno.
La industria también reclama apoyo tras un fuerte aumento de los costes energéticos, mientras las compañías eléctricas observan con preocupación la posibilidad de nuevas medidas fiscales sobre el sector.
En paralelo, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han anunciado movilizaciones ante la subida del gasóleo agrícola, que acumula un incremento del 48% en un año. Las ayudas actuales expiran el 30 de septiembre y el sector denuncia que aún no se han presentado alternativas para paliar el aumento de los costes de producción.
Entre la batería de medidas que Coag reclama al Gobierno se encuentra la prórroga inmediata de la ayuda al gasóleo agrario y de la fiscalidad mínima al 10%, al menos hasta el próximo 31 de diciembre, así como la elevación o eliminación del tope de 0,20 euros/litro, para que el 70% previsto en la norma se aplique efectivamente sobre el diferencial real de precio;
Asimismo, la organización reclama la aplicación de la ayuda en el momento del suministro, mediante censo y tarjeta de gasóleo profesional agrario con abono mensual automático, replicando el mecanismo del artículo 52 bis y de la Orden HFP/941/2022, en lugar de la devolución posterior sobre el consumo del año anterior.
Finalmente, Coag reclama la publicación por la CNMC del informe de márgenes brutos de distribución, con desagregación provincial, en ejercicio de las facultades reforzadas por el RDL 18/2026
