La medida redujo temporalmente el IVA y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos para aliviar el coste de los carburantes.
Sin embargo, la iniciativa ha generado recelos en Bruselas, que considera este tipo de rebajas fiscales una distorsión de la competencia dentro de la Unión Europea. Las diferencias de precio respecto a países vecinos han provocado que numerosos conductores franceses y portugueses crucen la frontera para repostar en España.
La Comisión Europea ya había advertido anteriormente a España por mantener determinadas ayudas al diésel y ha vinculado algunas reformas comprometidas a una reducción de estos incentivos. En este contexto, la renovación de las ayudas actuales se presenta complicada.
Además, el sector de las estaciones de servicio rechaza volver a fórmulas como el descuento directo por litro aplicado durante la crisis derivada de la guerra de Ucrania, debido a la carga administrativa que supuso para las gasolineras.
Con la estrategia europea centrada en acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica, las ayudas a los combustibles fósiles cuentan con escaso respaldo comunitario. Aun así, el encarecimiento de la vida y la presión sobre los conductores mantienen abierto el debate sobre posibles medidas de apoyo.
Las ayudas a la gasolina y al gasóleo finalizan el próximo 1 de octubre y el mercado teme que, sin ese respaldo, los precios de los carburantes vuelvan a experimentar un nuevo incremento.
