Entre enero y junio se aprobaron ampliaciones por 44.682 millones de euros, una cifra récord frente a los 11.790 millones registrados en todo 2023, último año con cuentas aprobadas por el Parlamento.
Esto significa que en apenas medio año el Ejecutivo ha autorizado casi cuatro veces más crédito adicional que durante todo 2023, reflejando una dependencia cada vez mayor de este mecanismo extraordinario.
La tendencia también se aprecia en las modificaciones de crédito, que incluyen ampliaciones, transferencias y otras reasignaciones presupuestarias. Entre enero y julio de 2026, estas modificaciones superaron los 81.200 millones de euros, frente a los 20.994 millones contabilizados al cierre de 2023.
Los datos evidencian cómo la prórroga presupuestaria está obligando al Gobierno a apoyarse cada vez más en instrumentos excepcionales para financiar su actividad y ajustar las partidas de gasto a las necesidades de la Administración.
Tradicionalmente las ampliaciones de crédito suelen concentrarse en partidas que tienen carácter obligatorio o difícilmente aplazable, como:
• Pensiones y prestaciones sociales.
• Desempleo y políticas de protección social.
• Pago de intereses y obligaciones financieras del Estado.
• Defensa y seguridad.
• Transferencias a comunidades autónomas y organismos públicos.
En concreto, el Gobierno está utilizando estas herramientas de forma mucho más intensa ante la falta de Presupuestos Generales del Estado. Entre enero y junio se aprobaron ampliaciones por 44.682 millones de euros, frente a los 11.790 millones registrados en todo 2023. Además, las modificaciones de crédito superaron los 81.200 millones hasta julio, cuadruplicando las cifras del último año con presupuestos aprobados.
Desde una perspectiva política y económica, los principales beneficiados suelen ser los ministerios y programas con gastos comprometidos que no pueden esperar a la aprobación de unas nuevas cuentas públicas, ya que las ampliaciones permiten mantener el funcionamiento ordinario de la Administración.
