En un escrito la defensa de Koldo ha planteado al alto tribunal hasta 11 motivos de nulidad por presuntas vulneraciones de derechos fundamentales y reclama además la suspensión cautelar de la ejecución de la pena mientras se resuelve el incidente.
El recurso constituye el paso previo necesario para acudir posteriormente al Tribunal Constitucional, según explican fuentes jurídicas a este periódico. Entre los argumentos esgrimidos figura la vulneración de la presunción de inocencia, la falta de acceso efectivo a las pruebas digitales de la causa, la pérdida del derecho a una segunda instancia judicial y la existencia de un supuesto doble enjuiciamiento sobre algunos de los hechos investigados.
La Sala de lo Penal comunicó el lunes su fallo unánime del conocido como ‘caso mascarillas’. En él, el exministro de Transportes José Luis Ábalos fue condenado a 24 años de prisión, mientras que Koldo García recibió una pena de 19 años y ocho meses. El tribunal también condenó al comisionista Víctor de Aldama a cuatro años y medio de cárcel, aunque en su caso acordó la suspensión de la ejecución de la pena por su colaboración con la Justicia.
Uno de los ejes centrales del escrito de la defensa se dirige precisamente contra el papel de Aldama, cuya colaboración permitió al Supremo aplicarle una atenuante muy cualificada y evitar su ingreso en prisión. Según el recurso, la condena de Koldo García se sustenta de forma determinante en su declaración sin que exista, a juicio de la defensa, la corroboración externa exigida por la jurisprudencia constitucional.
La defensa, ejercida por la abogada Leticia de la Hoz, sostiene que la propia sentencia admite que determinadas entregas de dinero carecen de corroboración independiente y reprocha al tribunal haber rechazado una pericial patrimonial sobre Aldama que, a su juicio, habría permitido determinar si disponía realmente de capacidad económica para efectuar los pagos que afirmó haber realizado. «Otorgar credibilidad plena a un coimputado tan intensamente incentivado por su propia impunidad, denegando a la vez el careo y la prueba patrimonial que permitiría contrastarlo, es incompatible con el artículo 24.2 CE», argumenta la letrada. Dicho artículo recoge, entre otros extremos, que todas las personas tienen derecho «a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa».
Otro de los ejes del incidente afecta a la competencia del Tribunal Supremo para juzgar a Koldo García después de que el exministro José Luis Ábalos renunciara a su escaño en el Congreso en enero de 2026. La representación del exasesor considera que, una vez desaparecido el aforamiento, la causa debió remitirse a la Audiencia Nacional, lo que le habría permitido acceder a una segunda instancia judicial. «Lo procedente no era conservar la competencia, sino resolver la cuestión en clave de derechos fundamentales», apunta la defensa del exasesor.
Entre los once motivos de nulidad planteados figuran además la existencia de un posible doble enjuiciamiento por hechos que siguen siendo objeto de investigación en otros procedimientos en la Audiencia Nacional, el rechazo de varias recusaciones formuladas contra magistrados de la Sala y la negativa del Supremo a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el acceso a la prueba digital.
La Sala Segunda deberá decidir ahora si admite a trámite el incidente y da traslado al resto de partes personadas y al Ministerio Fiscal. Si finalmente lo desestima, Koldo García tendrá expedita la vía para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, una vía a la que también recurrirá el exministro Ábalos,
