El órgano fiscalizador señala que las necesidades del sistema tendrían que ser cubiertas con los Presupuestos Generales del Estado a través de transferencias corrientes, estas ya se hacen, el año pasado ascendieron a 48.000 millones, pero se combinan con la concesión de créditos al organismo dependiente del Ministerio de Elma Saiz, en contra del criterio de este tribunal.
Al analizar la situación de las cuentas de Seguridad Social correspondientes al año 2024, año en el que acumulaba una deuda a largo plazo de 126.171 millones -de los que 109.002 millones responden al endeudamiento contraído entre 2017 y 2024- y una deuda a corto plazo a favor de la Administración General de Estado de 9.802 millones, que viene dada por el traspaso de las competencias sanitarias y sociales al País Vasco y Navarra. La cantidad comprometida a largo plazo corresponde a un 7,9% del PIB de ese mismo año, lo que pone de relieve la magnitud de la deuda actual de Seguridad Social.
Esta no es la primera vez que el Tribunal de Cuentas advierte que estas prácticas van en contra de los criterios de racionalidad económico-financiera, de hecho lleva haciendo advertencias de este tipo desde los años 90, según recogieron los grupos parlamentarios en 2020 al firmar el Pacto de Toledo, el documento de consenso en el que se marcaron las líneas a seguir por el Gobierno para llevar a cabo la reforma del sistema de pensiones. Además, el fiscalizador recuerda que ha apelado a dejar de usar esta vía de financiación de forma reiterada en sus Declaraciones sobre la Cuenta General del Estado (DCGE) publicadas desde el año 2017, en el que se empezó a generar el grueso de la deuda.
«El cambio consistente en financiar con préstamos en lugar de aportaciones ha generado un cuadro de cuentas de la Seguridad Social desfigurado y falso, cuyo origen está en no reconocer como gasto del Presupuesto General del Estado esas aportaciones, evitando incrementar el déficit público» dijeron entonces los grupos parlamentarios, basándose en los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas. Seis años más tarde, el organismo insiste en esta misma idea. «El elevado endeudamiento frente al Estado y el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social sugieren la imagen de un sistema que adolecería de graves problemas de sostenibilidad financiera» concluyen, una imagen que estaría distorsionada porque a diferencia de las transferencias, los préstamos no nutren el patrimonio.
Para el Tribunal de Cuentas, esta forma de financiar las pensiones por jubilación y otras prestaciones carece de sentido, dado que entiende que el Estado debería asumir con los Presupuestos Generales toda la parte del pago de las prestaciones que no se pueda cubrir con los ingresos por cotizaciones. En concreto, entiende que deberían hacerlo con transferencias corrientes, ya sea este desembolso generado por prestaciones contributivas (las que en teoría se deberían cubrir con las aportaciones de los trabajadores y las empresas) o por las asistenciales (percibidas por las personas que no han llegado a cotizar lo suficiente como para generar el derecho contributivo).
Por ello, hace una simulación para estimar cuál habría sido el resultado de las cuentas de Seguridad Social si los fondos recibidos para afrontar el pago de las pensiones hubieran llegado en forma de transferencias corrientes (la vía que consideran idónea) en lugar de como préstamos (la que se usa en contra del criterio de este órgano). La proyección es que este paso cambiaría por completo el balance de Seguridad Social hasta llevar su patrimonio neto a positivo, de 12.174 millones, ya que su deuda se recortaría de los 126.198 millones a apenas 27 millones, en tanto que no tendría que devolver las cantidades recibidas del Estado para abonar las pensiones del sistema.
«Si la financiación estatal hubiera procedido de transferencias corrientes, o si su reflejo contable se adecuara a esta naturaleza, la imagen del balance luciría bien distinta, ofreciendo un patrimonio saneado que sería positivo por 12.174 millones de euros y un bajo endeudamiento, por 27 millones» recalca el organismo en el informe de fiscalización difundido este viernes.
Según se refleja en el extracto de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a lo largo de 2024, se concedieron créditos a Seguridad Social por valor de 47.101 millones de euros, al tiempo que se transfirieron otros 43.000 millones de euros a través de transferencias corrientes. Lejos de atender a esta recomendación, en el año siguiente, pese que se anotó un récord de ingresos por cotizaciones, el Gobierno decidió seguir nutriendo a Seguridad Social a través de préstamos por un valor de 15.000 millones, según recoge el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.
