Orange recurrió la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 25 de septiembre de 2023, que había desestimado su solicitud de rectificación de las autoliquidaciones del impuesto correspondientes a 2017-2020, según se desprende de la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
En su demanda, la compañía pidió la anulación de esa resolución y la «rectificación de las autoliquidaciones correspondientes al IS del ejercicio 2017 a 2020 en los términos solicitados, así como la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas, junto con los correspondientes intereses de demora».
El litigio se enmarca en las medidas del Real Decreto-ley 3/2016 que introdujeron límites a la compensación de bases imponibles negativas y la reversión obligatoria de determinados deterioros, con un impacto recaudatorio «notable» sobre el Impuesto de Sociedades. La sentencia 11/2024 del Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales y nulos diversos preceptos de ese decreto-ley al entender que afectaban a «la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos» y vulneraban el artículo 86.1 de la Constitución.
La Audiencia Nacional, además, estima la pretensión de plena jurisdicción y reconoce el derecho de la empresa al «restablecimiento de la situación jurídica individualizada», en los términos del artículo 31.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La Sala señala que la anulación del Real Decreto-ley 3/2016 «obliga a reconfigurar la tributación» de la entidad en los ejercicios afectados, sustituyendo los ajustes practicados bajo esa norma por los derivados de la regulación anterior.
En consecuencia, si por aplicación de las reglas anuladas se ha producido «un ingreso tributario superior al que, en su caso, correspondería», la Administración debe articular el restablecimiento «a través de la devolución de ingresos indebidos», sin exigir a la empresa un nuevo procedimiento de rectificación de autoliquidación.
