El envejecimiento de la población, el aumento del gasto social y las diferencias entre comunidades dificultan un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuyas negociaciones se han aplazado a septiembre.
Según un análisis de Fedea basado en los últimos datos de Hacienda, Cantabria es la comunidad mejor financiada por habitante ajustado, con un nivel un 18,6% superior a la media. Le siguen La Rioja y Extremadura. En el extremo contrario se sitúan Murcia, con una financiación un 8% inferior a la media, y la Comunidad Valenciana, un 7,2% por debajo.
A esta desigualdad se suma el debate sobre la solidaridad interterritorial. Madrid, Cataluña y Baleares son las únicas comunidades que aportan más recursos de los que reciben. Madrid lidera con diferencia esa contribución, con 8.681 millones de euros en 2024, seguida de Cataluña (2.315 millones) y Baleares (413 millones).
Entre las receptoras de fondos destaca Andalucía, seguida de Canarias, Galicia y Castilla y León. En proporción a sus ingresos tributarios, Canarias es la comunidad más beneficiada por el sistema.
Las negociaciones se enfrentan así a tres grandes tensiones: la de las regiones infrafinanciadas frente a las mejor dotadas; la de las comunidades receptoras frente a las pocas que sostienen la solidaridad; y la derivada de la singularidad fiscal de País Vasco y Navarra, que permanecen fuera del régimen común.
Ante este escenario, la opción más probable pasa por aumentar las transferencias estatales. Sin embargo, el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, considera que no es el momento de asumir un esfuerzo adicional de esa magnitud, dado el elevado déficit público y las crecientes necesidades de gasto en áreas como la defensa o las pensiones. Además, varias comunidades critican que el nuevo modelo se haya negociado previamente con ERC para atender las demandas de Cataluña, un factor que complica todavía más el consenso.
