El operador del sistema deberá auditar mensualmente su consumo eléctrico y comprobar, hora a hora, que cumplen los requisitos de uso de energía renovable previstos en el nuevo real decreto, actualmente en audiencia pública.
La norma pretende ordenar el rápido crecimiento de estas instalaciones en España mediante el principio de correlación horaria. Así, al menos el 80% de la electricidad consumida cada hora deberá estar respaldada por generación renovable producida en ese mismo periodo.
Red Eléctrica controlará el cumplimiento cuando existan contratos de suministro renovable a largo plazo (PPA), mientras que los gestores de red verificarán los casos de autoconsumo. Los incumplimientos acarrearán recargos de entre el 10% y el 50%, con penalizaciones crecientes para los reincidentes. En los casos más graves y prolongados, los centros podrían perder sus permisos de acceso a la red.
La regulación también exige que el 80% del consumo proceda de nuevas instalaciones renovables ubicadas en España, reforzando el principio de adicionalidad. Además, incorpora requisitos de soberanía digital y resiliencia, como que los datos permanezcan en la Unión Europea y que exista control sobre los accesos desde terceros países.
La asociación Spain DC ha expresado su preocupación por el impacto de estas medidas y advierte de que podrían dificultar nuevas inversiones y restar competitividad a España frente a otros mercados europeos. No obstante, valora la disposición del Gobierno a negociar mejoras durante el periodo de consulta pública.
