La situación coincide con la falta de una cifra definitiva sobre cuántos menores permanecen en la ciudad autónoma.
El convenio firmado en 2007 establece que las autoridades españolas deben comunicar a Marruecos, en el plazo de un mes desde la entrada irregular del menor, la información necesaria para facilitar su identificación y eventual retorno. A partir de ese momento, las autoridades marroquíes disponen de tres meses para verificar la identidad del menor, localizar a su familia y tramitar la documentación correspondiente.
La gestión de esta crisis se ha visto además marcada por las discrepancias sobre el número de menores identificados. Mientras el vicepresidente Carlos Cuerpo llegó a situar la cifra por encima de los 2.900, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la rebajó a unos 1.500. Posteriormente, el propio Ejecutivo atribuyó la diferencia a un error en los registros y confirmó que el balance provisional ronda los 1.500 menores.
No obstante, el Gobierno reconoce que el recuento sigue sin estar cerrado. Desde Moncloa admiten que todavía no pueden determinar cuántos inmigrantes permanecen en Ceuta, ya que el proceso de registro continúa y existen personas sin identificar, además de movimientos dentro de la ciudad que dificultan el control exacto de la población llegada durante la crisis.
Esta falta de datos definitivos complica los procedimientos de retorno previstos en el acuerdo hispano-marroquí y prolonga una situación que sigue generando presión sobre los recursos de la ciudad autónoma.
