La medida llega después de que la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) recurriera ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) el nuevo modelo diseñado por el departamento de Óscar Puente. La patronal denuncia que las licitaciones convierten los concursos en una «subasta encubierta» donde el precio pesa más que la calidad técnica.
El TACRC ha acordado la suspensión cautelar de los seis lotes en los que se agrupan 29 contratos de conservación por un importe total de 1.006 millones de euros. Entre ellos figuran las autovías de primera generación y la autopista AP-68, cuyas concesiones expiran a finales de 2026. Mientras no se resuelva el conflicto, el Ministerio deberá recurrir previsiblemente a contratos de emergencia para garantizar el mantenimiento de estas infraestructuras.
Además de Acex, sindicatos y varias empresas concesionarias han presentado recursos por discrepancias en materia de subrogación de trabajadores. Tras la decisión del tribunal, Transportes ha suspendido también el plazo de presentación de ofertas para evitar perjuicios a los licitadores.
El calendario inicial preveía adjudicar los contratos a tiempo para asumir el mantenimiento de las vías cuando reviertan al Estado. Sin embargo, las fuentes del sector estiman que la resolución definitiva no llegará antes de noviembre, lo que retrasaría las adjudicaciones hasta 2027.
El plan debía estrenar un nuevo modelo de conservación para cerca de 3.670 kilómetros de carreteras estatales, incluidos 2.261 kilómetros de autovías. Cataluña concentraba la mayor inversión, con 216 millones de euros, seguida de Castilla y León (188 millones) y Castilla-La Mancha (184 millones).
Acex sostiene que el sistema de puntuación no garantiza una verdadera relación calidad-precio. De los 100 puntos de cada licitación, 60 dependen del precio y los 40 restantes se asignan a mejoras como el uso de mezclas bituminosas sostenibles, la monitorización de puentes y taludes o la instalación de sistemas de detección de invasión de carril.
La patronal considera que esos criterios premian la cantidad de prestaciones ofrecidas y no la calidad técnica de las soluciones. También cuestiona que algunas de las tecnologías valoradas no estén plenamente homologadas en el momento de presentar las ofertas.
Otro foco de controversia es la agrupación de contratos en grandes lotes con limitaciones al número de adjudicaciones por empresa. Según Acex, este diseño puede impedir que la oferta mejor valorada obtenga todos los contratos para los que resulte ganadora.
Finalmente, tanto la asociación como varios sindicatos denuncian deficiencias en el tratamiento de la subrogación de trabajadores, al entender que los pliegos no reflejan adecuadamente sus costes reales ni garantizan la incorporación de todas las plantillas afectadas.
Transportes defiende la reforma como una herramienta para aumentar la transparencia y reducir riesgos de corrupción en la contratación pública, pero su puesta en marcha queda ahora en suspenso a la espera del pronunciamiento definitivo del tribunal.
