La principal preocupación de los arrendadores sigue siendo la falta de seguridad jurídica, citada por el 88% de los encuestados, seguida del riesgo de ocupación o impago, que inquieta al 81%. En consecuencia, más propietarios buscan asesoramiento sobre morosidad, conflictos con inquilinos y protección legal.
El estudio revela además que cerca del 25% afirma tener alguna vivienda afectada por ocupación o inmersa en procedimientos judiciales relacionados con alquileres.
La preocupación por estos riesgos está cambiando el comportamiento de los arrendadores. Según otra encuesta de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado, el 70% prioriza evitar impagos y conflictos legales antes que maximizar la rentabilidad de su vivienda.
Esta tendencia también se refleja en el acceso al alquiler: más del 60% de los propietarios ha endurecido los requisitos para seleccionar inquilinos y alrededor de la mitad reconoce haber rechazado candidatos por dudas sobre su solvencia económica. Además, uno de cada tres se plantea abandonar el alquiler tradicional por miedo a la morosidad y a la dificultad para recuperar la vivienda.
