No porque estemos ante una situación comparable a la escalada de precios de 2022, sino porque confirma que el problema sigue lejos de estar resuelto. La inflación es, en esencia, un impuesto silencioso que reduce el poder adquisitivo de familias y empresas, especialmente de aquellas con menor capacidad para protegerse.
La pregunta ya no es por qué han subido los precios, sino qué hacer ahora. Y la respuesta no puede ser resignarse a convivir con una inflación elevada. Los salarios tardan en ajustarse, los ahorros pierden valor y la inversión se vuelve más incierta. Además, cuando los ciudadanos perciben que los precios seguirán aumentando, el riesgo es que esa expectativa termine alimentando nuevas subidas.
Las administraciones deben evitar medidas que impulsen aún más la demanda sin aumentar la oferta. En sectores como la vivienda, la energía o la alimentación, el problema continúa siendo estructural: faltan inversiones, infraestructuras y reformas que permitan elevar la producción y contener los costes.
También el Banco Central Europeo afronta un dilema. Si la inflación demuestra ser más persistente de lo esperado, el margen para seguir relajando la política monetaria se reduce. Y eso implica que empresas, familias y gobiernos deberán acostumbrarse a un entorno de financiación menos cómodo.
La inflación por encima del 4% es una advertencia. No estamos ante una emergencia económica, pero sí ante una señal de que la estabilidad de precios sigue siendo una tarea pendiente. Ignorarla sería repetir un error que Europa ya ha pagado demasiado caro.
