La decisión llega después de que el Tribunal de Cuentas concediera un plazo a la Diputación para pronunciarse sobre una posible reclamación de cantidades, tras las denuncias presentadas por varias entidades y formaciones políticas.
La institución argumenta que no procede iniciar este trámite mientras la sentencia de la Audiencia Provincial, que condenó a Sánchez, Carrero, al expresidente provincial Miguel Ángel Gallardo y a otros implicados a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, no sea firme. Además, recuerda que la resolución aún puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
La Diputación sostiene que esta posición se apoya en los informes jurídicos recabados y ha solicitado el archivo de las actuaciones. También señala que ya había recibido peticiones previas de particulares, asociaciones y partidos para exigir el reintegro de las cantidades abonadas a ambos trabajadores.
Ni la propia institución provincial ni la Fiscalía solicitaron durante el juicio la devolución de los salarios percibidos.
Según los datos aportados, David Sánchez cobró más de 340.000 euros entre 2017 y 2025 como coordinador de actividades de los conservatorios y posteriormente como responsable de la Oficina de Artes Escénicas. Por su parte, Luis Carrero percibió cerca de 87.000 euros entre 2024 y 2025 como jefe de sección de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas.
