Aunque el tribunal acordó inicialmente suspender de forma provisional la habilitación de las instalaciones mientras estudiaba la petición, finalmente ha descartado frenar el proyecto. En su resolución, considera que corresponde al Ministerio del Interior garantizar tanto la seguridad de los agentes como la de las personas acogidas.
El SUP había solicitado la suspensión de la orden del Ministerio de Transportes del 5 de septiembre que autorizó la ocupación de unos 16.000 metros cuadrados de la ampliación de Poniente del puerto para crear este dispositivo de acogida, reclamando antes garantías de seguridad suficientes.
Sin embargo, los magistrados entienden que concurren razones de interés general que justifican la autorización temporal de estos terrenos para atender la emergencia migratoria, por lo que permiten que las obras y la puesta en marcha del campamento continúen adelante.
