La decisión responde a la reclamación de un ciudadano que solicitó información estadística desglosada por países sobre solicitudes presentadas, aprobadas, denegadas y pendientes de resolución. Tras no recibir respuesta del ministerio, acudió al Consejo de Transparencia.
El organismo reprocha a Exteriores no haber contestado ni al solicitante ni a los requerimientos posteriores del propio Consejo, una actitud que, según señala, dificulta su labor de supervisión y control.
El Consejo recuerda que el derecho de acceso a la información pública no puede quedar sin efecto por la falta de respuesta de la Administración y destaca que los datos solicitados tienen carácter de información pública.
Por ello, ha estimado la reclamación e instado al departamento dirigido por Albares a facilitar la información requerida sobre los procesos de adquisición de la nacionalidad vinculados a ambas leyes de memoria.
Omo se sabe, la Ley de Memoria Histórica de 2007 y la posterior Ley de Memoria Democrática de 2022 han tenido un impacto significativo, principalmente en materia de nacionalidad española.
Entre sus principales efectos destacan:
• Ampliación del acceso a la nacionalidad española para hijos, nietos y otros descendientes de españoles exiliados o que perdieron la nacionalidad por motivos políticos, ideológicos o derivados de la Guerra Civil y la dictadura.
• Incremento de solicitudes en los consulados españoles, especialmente en países de América Latina con importantes comunidades de origen español, como Argentina, Cuba, México, Venezuela y Uruguay.
• Reforzamiento de los vínculos con la diáspora española, permitiendo a miles de descendientes recuperar o adquirir la nacionalidad de sus antepasados.
• Aumento del censo de españoles residentes en el extranjero, con efectos potenciales en la participación electoral y en la demanda de servicios consulares.
• Debate político y jurídico sobre el alcance de estas nacionalizaciones y sus consecuencias electorales, especialmente a raíz de la denominada «ley de nietos».
Precisamente, la resolución del Consejo de Transparencia comentada anteriormente busca conocer el alcance cuantitativo de estas medidas, obligando al Ministerio de Asuntos Exteriores a facilitar datos sobre solicitudes, concesiones, denegaciones y expedientes pendientes por países. Hasta que esa información se publique, no se dispone de un balance oficial completo y actualizado del número total de beneficiarios.
