Según el último informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), los casos pasaron de 32 en 2022 a 102 en 2025, convirtiéndose en la principal causa de denuncia relacionada con los contratos públicos.
Estas comunicaciones incluyen posibles conflictos de interés, presunto tráfico de influencias o trato de favor a determinadas empresas. Se trata de alertas o denuncias, no de hechos delictivos probados. Su aumento coincide con varios años marcados por investigaciones judiciales sobre contratos de mascarillas durante la pandemia y adjudicaciones de obra pública.
Entre los procedimientos más relevantes figura la causa abierta por la contratación de material sanitario, así como diversas investigaciones sobre contratos vinculados a organismos dependientes del Ministerio de Transportes. Los tribunales analizan posibles irregularidades en los procesos de adjudicación, sin que existan por ahora resoluciones definitivas sobre las responsabilidades investigadas.
El informe también refleja un fuerte aumento del conjunto de denuncias sobre contratación pública. Las comunicaciones registradas pasaron de 311 en 2024 a 522 en 2025, un incremento del 68%. Destacan especialmente las relacionadas con irregularidades en las adjudicaciones, el fraccionamiento de contratos y los problemas en su ejecución.
Además, el 95,6% de las denuncias procedieron de particulares o entidades privadas, frente al 4,4% remitido por organismos públicos.
En paralelo, las actuaciones preventivas de oficinas y agencias antifraude continúan descendiendo. En 2025 se realizaron 68 intervenciones para prevenir la corrupción en contratación pública, frente a 196 en 2022, lo que supone una reducción cercana al 65%.
El resultado evidencia dos tendencias contrapuestas: mientras las denuncias sobre posibles irregularidades y prácticas corruptas aumentan de forma sostenida, las actuaciones preventivas de los organismos especializados siguen reduciéndose.
