Aunque la decisión debe ratificarse en una reunión prevista para los próximos días, fuentes sindicales aseguran que es la opción con más respaldo.
El paro se celebraría apenas unas semanas antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, coincidiendo prácticamente con el inicio de la campaña electoral. Esta proximidad ha reavivado las críticas sobre el posible carácter político de la movilización.
Las organizaciones empresariales, entre ellas CEOE, Cepyme y ATA, han rechazado la convocatoria al considerar que busca influir en el debate político sobre una materia cuya regulación corresponde al Gobierno: el acceso a la vivienda. Sin embargo, UGT y CCOO han vinculado oficialmente la huelga a la reivindicación de mejoras salariales, un enfoque que, según expertos jurídicos, reforzaría su encaje legal.
Las patronales han anunciado que estudiarán la convocatoria para determinar si existen motivos para impugnarla. La ley establece que una huelga puede declararse ilegal cuando persigue fines estrictamente políticos o ajenos a los intereses profesionales de los trabajadores. Desde Cepyme, su presidenta, de Miguel, sostiene que las pequeñas empresas no tienen capacidad para resolver el problema de la vivienda y critica que se las responsabilice de una cuestión que compete a las administraciones públicas. Asimismo, advierte del impacto negativo que la huelga podría tener sobre los negocios.
Por su parte, CSIF, sindicato mayoritario entre los funcionarios, ha confirmado que no secundará la protesta. Su presidente, Miguel Borra, defiende que la organización mantiene una postura independiente y centrada en asuntos laborales, por lo que rechaza apoyar una huelga que considera vinculada al contexto electoral.
