La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha tomado esta decisión contra el organismo con sede en La Haya, sin dar más detalles, al tiempo que ha emitido hasta cuatro licencias relacionadas con el tribunal. Así, el Tesoro permite realizar, hasta el 7 de abril de 2027, «transacciones» con el TPI que sean necesarias para «la continuidad de las operaciones, incluidos los pagos de los Estados parte (…), el pago de salarios, seguros médicos y servicios médicos para los empleados, beneficiarios de subvenciones o contratistas del TPI; el pago de alquileres, servicios públicos, impuestos, seguros y otras tasas; el pago de servicios rutinarios a la corte».
La cartera de Scott Bessent autoriza además la tramitación del pago de pensiones por parte del TPI, las transacciones «relacionadas con las telecomunicaciones y el software empresarial en las que interviene» el TPI, así como la prestación de «servicios destinados a la salud, la seguridad y el bienestar» de las personas bajo custodia de la corte y de los «servicios para el funcionamiento de las instalaciones» que albergan a los detenidos.
La medida es un paso más en la cruzada de Estados Unidos contra el tribunal, al que acusa de ser un organismo «supranacional corrupto» y «politizado» que abusa de su autoridad. Además de su presidenta, hay otros jueces y fiscales sancionados por la Administración Trump en represalia por la investigación abierta a Israel por crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.
