La decisión llega tras la declaración de Biedma como perjudicada y después de que la magistrada solicitara formalmente su imputación. En su comparecencia, relató episodios de presión e intimidación, entre ellos la presencia de personas desconocidas en el colegio de sus hijas.
Según los informes de la UCO incorporados a la causa, Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset habrían buscado a alguien con conocimiento personal de la jueza para obtener información que permitiera desacreditarla e influir en el procedimiento judicial. La Guardia Civil sostiene que Sáenz de Tejada fue elegido por sus actuaciones previas contra la magistrada.
El escrito presentado por la representación de Biedma señala además que el exjuez habría mantenido contactos con terceros utilizando perfiles falsos en redes sociales y difundiendo mensajes contra la instructora. Entre las comunicaciones analizadas figuran expresiones especialmente graves que, a juicio de la defensa, exceden cualquier actuación procesal legítima y apuntan a una estrategia de hostigamiento.
Además de la citación de Sáenz de Tejada, el juez ha acordado la declaración como testigo de Raúl Montaño Hermosell, abogado vinculado a una de las personas mencionadas en los atestados de la Guardia Civil.
La magistrada también ha solicitado que se incorporen al procedimiento todas las denuncias, quejas y escritos promovidos por Sáenz de Tejada contra ella entre 2024 y 2025, así como diversa documentación relacionada con la causa que investigó a David Sánchez y con los intentos del exjuez de intervenir en ese procedimiento.
