Entre los firmantes figuran compañías como Iberdrola, Wallbox, Danfoss, Ørsted y Statkraft, además de asociaciones de consumidores y organizaciones ecologistas. En una carta enviada a las representaciones permanentes de los Veintisiete, advierten de que modificar las reglas antes de la revisión prevista para 2029 dañaría la confianza de empresas e inversores que ya han tomado decisiones basadas en el marco regulatorio actual.
El ETS2 trasladará el coste de las emisiones de CO₂ a los proveedores de combustibles, lo que previsiblemente tendrá impacto en los consumidores finales. Precisamente por este motivo algunos gobiernos han planteado nuevas demoras o cambios en su aplicación.
Los firmantes defienden que el sistema es clave para acelerar la descarbonización del transporte y los edificios, reforzar la seguridad energética y fomentar la inversión en tecnologías limpias. También reclaman que los ingresos generados se destinen íntegramente a proteger a los consumidores más vulnerables a través del Fondo Social para el Clima.
Además, instan a los gobiernos a activar cuanto antes planes de apoyo para hogares y empresas y a aprovechar los mecanismos de financiación del Banco Europeo de Inversiones para movilizar inversión privada y facilitar la transición energética.
