El gasto medio anual de los hogares en transporte aumentó más de un 27% en una década, desde 3.158 euros en 2015 hasta 4.020 euros en 2025. Pese al incremento, su peso se mantiene en el 11,5% del presupuesto familiar, lo que refleja el escaso margen de muchas familias para reducirlo sin renunciar a oportunidades.
Según Miguel Ángel López Gómez, autor del informe, la movilidad no debe entenderse solo como consumo, sino como el precio de acceder al trabajo, los servicios y otras posibilidades. Ese coste depende de la renta, la distancia y las alternativas disponibles, por lo que el código postal puede resultar tan determinante como la nómina.
La pobreza de movilidad
El estudio define la «pobreza de movilidad» como la situación en la que desplazarse supone una carga excesiva o, por falta de recursos y conexiones, una persona debe limitar sus viajes y renunciar a oportunidades. Por ello, gastar menos en transporte no siempre implica una menor vulnerabilidad.
La desigualdad es especialmente visible entre zonas rurales y urbanas. En 2025, el automóvil fue el principal medio de transporte para el 73,5% de quienes vivían en municipios de menos de 10.000 habitantes, frente al 29,6% en las localidades más pobladas. En cambio, el transporte público fue la opción principal para el 48,8% de los residentes en grandes municipios y solo para el 10,9% en los pequeños.
Esta brecha crea un modelo dual: las grandes ciudades ofrecen varias alternativas, mientras que en las áreas rurales y periféricas el coche resulta imprescindible. Una conexión deficiente puede hacer inaccesible un empleo incluso cuando el salario es atractivo. También puede neutralizar el ahorro de una vivienda más barata si esta se encuentra lejos de los centros de trabajo.
Impacto sobre la economía
El encarecimiento del transporte también afecta a las empresas. España mueve por carretera 272.000 millones de toneladas-kilómetro, alrededor del 15% del total de la Unión Europea. La alimentación, la agricultura, la industria, la construcción, el comercio, la distribución y el turismo figuran entre los sectores más expuestos al aumento de los costes logísticos.
El transporte, por tanto, no solo forma parte del IPC: también eleva el precio de otros bienes y servicios y reduce la competitividad. El informe reclama ampliar las alternativas de movilidad para quienes tienen menos ingresos, recorren mayores distancias y dependen del coche. El principal problema de España no es gastar más que otros países, sino que la posibilidad de evitar ese gasto está repartida de forma desigual
