Durante el foro CREO, organizado por CincoDías y Prisa Media, la presidenta de la Airef, Inés Olóndriz, advirtió de que, tras cuatro años con presupuestos prorrogados, España necesita aprobar unas nuevas cuentas en tiempo y forma. A su juicio, ello reforzaría la calidad institucional, la transparencia, la supervisión fiscal y la rendición de cuentas, además de permitir incorporar nuevas necesidades de gasto.
Una pieza clave del nuevo marco europeo
Olóndriz sostuvo que aprobar los Presupuestos Generales del Estado no es solo una obligación parlamentaria, sino una condición necesaria para aplicar el nuevo marco fiscal europeo, basado en la planificación estratégica a medio plazo.
Desde la entrada en vigor de las nuevas reglas comunitarias en 2024, la política presupuestaria debe seguir una trayectoria plurianual. El Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo fija la senda para garantizar la sostenibilidad de la deuda, mientras que los presupuestos deben traducirla cada año en medidas concretas.
Las cuentas permiten actualizar las previsiones macroeconómicas y los datos de ejecución, ordenar las prioridades de gasto y comprobar que las decisiones son coherentes con los compromisos adquiridos. Mantenerlas prorrogadas debilita el control público y deja al país sin una hoja de ruta actualizada, según la responsable de la Airef.
Envejecimiento, deuda y menor margen fiscal
La planificación resulta especialmente urgente ante las presiones estructurales sobre el gasto. Olóndriz destacó el envejecimiento de la población, que reduce la aportación del trabajo al crecimiento potencial y obliga a mejorar la productividad. Al mismo tiempo, la mayor longevidad eleva de forma sostenida el coste de servicios como la sanidad y las pensiones.
A ello se suma el coste financiero de una deuda pública cercana al 100% del PIB en un entorno de tipos de interés más altos. El pago de intereses reduce el margen presupuestario y resta recursos a otras políticas prioritarias.
La flexibilidad para defensa será temporal
El contexto geopolítico añade la necesidad de elevar el gasto militar. Para facilitarlo, la Comisión Europea permite recurrir a la cláusula nacional de escape para defensa, aprobada por el Ecofin y a la que España se ha acogido. El mecanismo ofrece flexibilidad entre 2025 y 2028 para asumir un gasto acumulado de hasta el 1,5% del PIB sin incumplir de inmediato las reglas fiscales.
La Airef advierte, sin embargo, de que esta excepción solo aplaza parte del ajuste: no elimina el gasto ni su impacto sobre el déficit y la deuda. Además, recurrir repetidamente a cláusulas de salvaguarda puede debilitar la credibilidad del marco fiscal europeo.
Por ello, Olóndriz reclamó que las necesidades permanentes, como la defensa y la protección social vinculada al envejecimiento, cuenten también con fuentes estables de financiación y no dependan de excepciones continuas.
