El ex ministro de Transportes ha pedido este martes al alto tribunal que revoque su procesamiento y la apertura de juicio oral por la trama de las mascarillas y que dirija la causa por los trámites del jurado popular, como así se hizo con el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.
En un escrito la defensa del exdirigente socialista explica que tres de los delitos por los que se le ha procesado junto con Koldo García y con Víctor de Aldama (cohecho, tráfico de influencias y malversación) son propios del enjuiciamiento por jurado popular. Según indica, los delitos principales por los que se le acusa arrastrarían a los otros dos, que son organización criminal y uso de información privilegiada.
La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para el que fuera «número tres» del PSOE, 19 para su antiguo asesor y siete para Aldama por esta pieza separada que se ha instruido en el Tribunal Supremo. En el marco de la misma se investigaron los beneficios que obtuvieron por los contratos de mascarillas en pandemia y otros asuntos que afectan a Ábalos como son los enchufes en empresas públicas de su expareja Jésica Rodríguez o de Claudia Montes, además de los pagos del alquiler de la vivienda de lujo en la que residió la primera de ellas o la presunta recepción de cobros en metálico en República Dominicana.
El magistrado instructor, Leopoldo Puente, desgajó esta parte de la causa de la otra que se sigue por los presuntos amaños en los contratos de obra pública y sentó las bases para acoger este juicio en los primeros meses del próximo año. De hecho, les procesó y les abrió juicio oral, a la espera de fijar fecha de celebración del juicio que dirigiría un tribunal formado por magistrados de la Sala Segunda de lo Penal.
Sin embargo, Ábalos apunta ahora que la competencia sería del juzgado popular. Ello implicaría que serían nueve personas anónimas las que decidirían sobre su inocencia o culpabilidad. Al respecto apela a casos que también se han tramitado por esta vía como es el que se siguió contra el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Según recuerda el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, competente para enjuiciar la conocida como «pieza de los trajes» de la trama Gürtel acordó tramitar el procedimiento para las causa ante el tribunal del jurado al acusarle de un delito de cohecho.
La petición se produce cuando se está a punto de cumplir un mes desde que el magistrado Puente acordara el ingreso en prisión provisional de Ábalos y Koldo a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El instructor razonó que la proximidad del primer juicio del caso Koldo y el manejo de dinero metálico de origen desconocido apuntaba ya a un «extremo» riesgo de fuga de ambos.
