«No solo hace un flaco favor a las víctimas del terrorismo, que durante décadas han confiado sus vidas y las de sus familias al Estado de derecho, sino que también desprestigia a la carrera fiscal, hoy más instrumentalizada que nunca por el poder político», termina por señalar la asociación.
Estas afirmaciones llegan a raíz de la absolución por parte de la Audiencia Nacional de Sorzabal, el pasado viernes, del delito de estragos terroristas en grado de tentativa por la colocación de un artefacto explosivo en el aeropuerto de Alicante en julio de 1995, por el que la Fiscalía pedía 6 años de cárcel.
