La Guardia Civil ha informado al juzgado de instrucción número 2 de Montoro que la CIAF ha detectado irregularidades en documentación relevante sobre el accidente entre dos trenes de alta velocidad que ocurrió el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba). «No hay garantías en las firmas que figuran en muchos de los documentos», según recoge un oficio de la Unidad Orgánica Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba, en el que se detalla la advertencia realizada por la CIAF.
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios asegura que había piezas que ADIF se llevó y ellos querían preservar
La Guardia Civil afirma que ADIF se llevó fragmentos de las vías de Adamuz «sin advertirlo ni solicitarlo La Guardia Civil ha informado ya a la jueza que investiga la tragedia de Adamuz de estas supuestas irregularidades, en concreto, de incongruencias detectadas por la propia Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).
El presidente de la CIAF, Barrón, envió una carta a la Benemérita el pasado 10 de febrero en la que advirtió de varias incoherencias, «tras el análisis de la documentación presentada por Ayesa, relativas a las soldaduras». Esta empresa era la encargada de la supervisión de la instalación de las soldaduras.
En el oficio de la Guardia Civil, fechado el 24 de febrero, se hace mención a dos tipos de incongruencias:
«Posibles irregularidades en el control documental de las versiones que figuran en la documentación»
«Dudas sobre la validez de la documentación [de las soldaduras]» aportada por ADIF
Sobre este último punto, en concreto, la Guardia Civil menciona que «no hay garantías en las firmas que figuran en muchos de los documentos», documentación «relevante», según trasladó la CIAF a la Unidad Orgánica Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba, que ya ha informado ya al juzgado de Montoro.
La Guardia Civil ha enviado un segundo atestado a la jueza, según avanzó El Confidencial, que lleva por título “Informando Estado de la investigación-2” en el que se amplía la información remitida el pasado 5 de febrero.
“La soldadura –dice– en el PK 318+681 (soldadura rota) se realizó la noche del 24 de mayo de 2025, por un trabajador de la empresa Maquisaba S.L, con más de cinco años de experiencia y habilitado con el Permiso C, necesario para la instalación de las soldaduras de desvíos y neutralizaciones en líneas de alta velocidad”, según el informe. En él la Guardia Civil desvela que el 10 de febrero recibió un correo electrónico con carta del presidente de la CIAF “en la que se ponía en conocimiento que del análisis de la documentación presentada por Ayesa, relativa a las soldaduras, se habían detectado distintas incongruencias”.
Los investigadores reclamaron a la CIAF más detalles, «toda vez que en el escrito citado no se concretaban las incongruencias», por eso, solicitaron a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios que «remitieran relación concreta de las incongruencias detectadas en el análisis documental». Esa respuesta es la que envió el pasado 24 de febrero la Comandancia de Córdoba al juzgado de Montoro.
El ministro de Transportes y Movilidad sostenible, Óscar Puente, ha admitido este lunes que «el error de Adif fue no comunicar a la autoridad judicial con carácter inmediato» la sustracción de material del accidente en Adamuz, aunque ha defendido que «no actuó con mala fe». Puente ha explicado que dicho material no fue el del carril del accidente y que fue recogido a entre 100 y 300 metros del punto del descarrilamiento. A este respecto, ha indicado que el objetivo de Adif, que también debe realizar su propio informe sobre el accidente, era analizar el estado de las soldaduras de ese tramo y aseguró que dichas piezas han sido custodiadas y están a disposición del juzgado y de la Comisión de Investigación del Accidente Ferroviario (CIAF). Además, ha apuntado que ni la Guardia Civil ni el juzgado habían considerado previamente que esas piezas eran relevantes para la investigación por lo que probablemente habrían sido destruidas si no las hubiera recogido ADIF. Por último, ha señalado que a pesar de que la juez ha reprochado la actuación de ADIF con esas piezas, también ha desestimado una petición para que sean examinadas.
La Guardia Civil ya sostuvo en un oficio remitido al juzgado que investiga el accidente de Adamuz que personal de ADIF retiró fragmentos de vía desde la zona del siniestro y los trasladó a la base de mantenimiento de Hornachuelos sin comunicarlo ni solicitar autorización alguna. Según ese documento, el responsable de la base explicó que el 22 de enero recibió una orden verbal para llevarse trozos de vía con soldaduras y que esa operación se ejecutó entre la noche y la madrugada, solo cuatro días después del accidente. Además, reconoció que posteriormente se practicaron ensayos de dureza sobre ese material, aunque aseguró que no fueron destructivos.
ADIF no obtuvo autorización judicial para acceder al escenario del accidente hasta el 28 de enero, seis días después de retirar los cupones. La solicitud se presentó el día 26 y la jueza la firmó el 27, pero la retirada se produjo el día 22 sin que existiera permiso.
La Guardia Civil advirtió de que entre los fragmentos trasladados podrían encontrarse soldaduras que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) pretendía analizar de forma oficial, para lo que pidió autorización judicial el 3 de febrero.
El 30 de enero, cuando los agentes regresaron al punto del siniestro junto a técnicos de la CIAF para realizar nuevas mediciones del bogie y de las soldaduras del tramo afectado, se encontraron con que los cupones ya no estaban. Fue entonces cuando se les informó de que habían sido movidos a la base de Hornachuelos.
A raíz de ello, el 2 de febrero la Guardia Civil envió un correo electrónico a ADIF advirtiendo de que no se llevara a cabo ninguna actuación sobre las soldaduras sin permiso expreso de la jueza.
Un día después, el 3 de febrero, los agentes se desplazaron a la base de Hornachuelos para precintar el material retirado. Ese mismo día, la CIAF solicitó trasladar y precintar, también en la base, un cupón de raíl concreto procedente de la zona de obra, para garantizar su integridad.
En su oficio, la Guardia Civil concluyó que, a la vista de estos hechos, trabajadores de ADIF realizaron tanto la extracción como el traslado y la práctica de pruebas sin advertirlo ni solicitarlo a la autoridad judicial.
La respuesta de la jueza llegó el 10 de febrero en forma de providencia contundente: exigió a ADIF que se abstuviera de realizar cualquier operación de extracción, traslado o ensayo sobre el material relacionado con la causa si no existe autorización previa. Ordenó también la restitución inmediata de todo lo que siga en su poder y advirtió de que el incumplimiento podría acarrear responsabilidades penales.
Frente a estas acusaciones, ADIF ha defendido su actuación mediante un informe que detalla la «trazabilidad» del material retirado entre el 22 y el 23 de enero. Sostiene que se llevó 26 cupones procedentes de 19 puntos distintos porque, tras la retirada de Guardia Civil y CIAF el día 22, los restos quedaron en la zona sin ninguna medida cautelar ni precinto y, por tanto, «expuestos al deterioro». Afirma que los fragmentos se trasladaron sin manipulación ni alteración y acompañados de un esquema detallado que situaba su procedencia exacta.
ADIF añade que el 3 de febrero la Guardia Civil acudió a la base para comprobar y precintar el material y que el 9 de febrero volvió para reubicar todos los cupones en un mismo almacén, coincidiendo con la instalación de un sistema de alarma.
En su informe, la entidad recalca que las piezas siempre permanecieron a disposición judicial y que actuó únicamente para preservar material que, según su versión, había sido abandonado sin protección tras la retirada de los investigadores.
